Tegucigalpa, Honduras.
Más de 2,300 millones de lempiras que el Estado de Honduras destinó en los últimos doce años para la atención de la niñez y adolescencia en riesgo social e infractora de la ley cayeron en saco roto, debido a la corrupción, el clientelismo político y el fracaso de las instituciones responsables de la rehabilitación y reinserción de los infantes.
El 89% de esos fondos, es decir, unos 2,073 millones de lempiras corresponden a los presupuestos asignados entre 2005 y 2014 al desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y el 11% restante, más de 224 millones fueron asignados entre 2014 y 2016 a la recién creada Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), según datos recabados en la Secretaría de Finanzas.
Los expertos concluyen que con ese millonario presupuesto, los últimos tres gobiernos pudieron construir al menos tres nuevos centros correccionales o reedificar los existentes con todas las condiciones pedagógicas para la rehabilitación, formación y reinserción de niños infractores de la ley y en situación de vulnerabilidad social.
El decreto ejecutivo PCM 26-2014 que disolvió el Ihnfa resume las circunstancias que llevaron al fracaso a esa institución creada el 29 de enero de 1998.
Entre otras cosas, resalta la ineficiencia en la utilización de los recursos, planillas infladas y personal supernumerario, deficiencias administrativas, corrupción y pérdida de credibilidad ante la sociedad y la cooperación internacional.
En junio de 2014 en el Ihnfa había una planilla de 1,200 empleados a nivel nacional y el 93% de su presupuesto se gastaba en sueldos y colaterales del personal permanente y temporal y apenas un 7% se destinaba a la atención de los niños.
En 2011, el Ihnfa llegó a tener una nómina de 1,300 empleados y un total de 6,000 menores bajo su cobertura, lo que arrojaba una proporción de 6 empleados por cada menor atendido. Sin embargo, esa ecuación no se reflejó en la mejora de la calidad de vida de estos.
A raíz de eso, el Ihnfa fue objeto de cinco intervenciones en 2004, 2007, 2011 y 2014, durante la administración de tres gobiernos distintos.
Intervenciones
Durante los últimos 15 años se crearon al menos cinco instituciones responsables de liderar la atención y protección a la niñez infractora de la ley, pero esa sucesión de organismos obedeció a la necesidad de “subsanar” los yerros de la gestión anterior, según indica un informe oficial.
Asimismo, en los últimos 30 meses se declararon en estado de emergencia los 5 centros correccionales y se involucró como responsables de la atención de la niñez infractora a cuatro entes distintos, que nunca han tenido experiencia en la materia.
La Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS) dio paso al Ihnfa en 1998, luego con el cierre de esta institución en 2014 se creó la Dinaf; pero el 7 de septiembre de 2016 se emitió un nuevo decreto ejecutivo, creando el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (Inami).
Antes de eso, el Gobierno entregó la administración temporal de los centros a Arpa, una organización no gubernamental.
Diana Medina, experta en el tema y coordinadora de rescate de ASJ, lamentó que esta sucesión de instituciones refleja que el modelo fracasó y que se requiere adoptar un nuevo esquema que permita atender y rescatar a cientos de menores en riesgo social.
“La ausencia de una institucionalidad definitiva y fortalecida se suma como un desafío más en la atención de esta población, lo que, sin duda, contribuye a la situación de conflicto actual”, apuntó.
Corrupción
Carlos Padilla Velasco, exdirector de Renaciendo y Los Cobras denunció diversas irregularidades en la administración de los centros correccionales, pero no hubo ninguna acción contra los responsables.
Velasco denunció onerosas contrataciones por arriba de los 90 mil lempiras y actos de nepotismo de varios funcionarios.
En 2011, el Tribunal Superior de Cuentas emitió el informe 004-2010-DASS-IHNFA-A, en el que describe irregularidades en el manejo de las finanzas y administración de los recursos.
Más de 2,300 millones de lempiras que el Estado de Honduras destinó en los últimos doce años para la atención de la niñez y adolescencia en riesgo social e infractora de la ley cayeron en saco roto, debido a la corrupción, el clientelismo político y el fracaso de las instituciones responsables de la rehabilitación y reinserción de los infantes.
El 89% de esos fondos, es decir, unos 2,073 millones de lempiras corresponden a los presupuestos asignados entre 2005 y 2014 al desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y el 11% restante, más de 224 millones fueron asignados entre 2014 y 2016 a la recién creada Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), según datos recabados en la Secretaría de Finanzas.
Los expertos concluyen que con ese millonario presupuesto, los últimos tres gobiernos pudieron construir al menos tres nuevos centros correccionales o reedificar los existentes con todas las condiciones pedagógicas para la rehabilitación, formación y reinserción de niños infractores de la ley y en situación de vulnerabilidad social.
El decreto ejecutivo PCM 26-2014 que disolvió el Ihnfa resume las circunstancias que llevaron al fracaso a esa institución creada el 29 de enero de 1998.
Entre otras cosas, resalta la ineficiencia en la utilización de los recursos, planillas infladas y personal supernumerario, deficiencias administrativas, corrupción y pérdida de credibilidad ante la sociedad y la cooperación internacional.
 La serie de investigación de LA PRENSA retrató las precarias condiciones y el infierno que viven los menores infractores en las correcionales del país.
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En 2011, el Ihnfa llegó a tener una nómina de 1,300 empleados y un total de 6,000 menores bajo su cobertura, lo que arrojaba una proporción de 6 empleados por cada menor atendido. Sin embargo, esa ecuación no se reflejó en la mejora de la calidad de vida de estos.
A raíz de eso, el Ihnfa fue objeto de cinco intervenciones en 2004, 2007, 2011 y 2014, durante la administración de tres gobiernos distintos.
Intervenciones
Durante los últimos 15 años se crearon al menos cinco instituciones responsables de liderar la atención y protección a la niñez infractora de la ley, pero esa sucesión de organismos obedeció a la necesidad de “subsanar” los yerros de la gestión anterior, según indica un informe oficial.
Asimismo, en los últimos 30 meses se declararon en estado de emergencia los 5 centros correccionales y se involucró como responsables de la atención de la niñez infractora a cuatro entes distintos, que nunca han tenido experiencia en la materia.
 Los expertos denuncian que no existe rehabilitación, educación ni reinserción del joven delincuente.
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Antes de eso, el Gobierno entregó la administración temporal de los centros a Arpa, una organización no gubernamental.
Diana Medina, experta en el tema y coordinadora de rescate de ASJ, lamentó que esta sucesión de instituciones refleja que el modelo fracasó y que se requiere adoptar un nuevo esquema que permita atender y rescatar a cientos de menores en riesgo social.
“La ausencia de una institucionalidad definitiva y fortalecida se suma como un desafío más en la atención de esta población, lo que, sin duda, contribuye a la situación de conflicto actual”, apuntó.
Corrupción
Carlos Padilla Velasco, exdirector de Renaciendo y Los Cobras denunció diversas irregularidades en la administración de los centros correccionales, pero no hubo ninguna acción contra los responsables.
Velasco denunció onerosas contrataciones por arriba de los 90 mil lempiras y actos de nepotismo de varios funcionarios.
En 2011, el Tribunal Superior de Cuentas emitió el informe 004-2010-DASS-IHNFA-A, en el que describe irregularidades en el manejo de las finanzas y administración de los recursos.
 Con motivo de esta investigación, las autoridades del Sedis permitieron ayer el acceso a Renaciendo y presentaron a jóvenes ocupados y trabajando.
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