El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó tres informes derivados de una investigación realizada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la ejecución de embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH), correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
La investigación incluyó la revisión de 40 expedientes originados en los Juzgados de Letras Seccionales de Choluteca y Olancho, relacionados con demandas cuyos montos reclamados ascendieron a más de 953 millones de lempiras.
Uno de los informes, identificado como 002-2026-DGSD-CSJ-C, corresponde a una investigación especial de carácter penal sobre 13 expedientes de supuestas demandas laborales contra la Municipalidad de Choluteca.
De acuerdo con el TSC, estos procesos permitieron ejecutar embargos por un total de 32,545,791.88 lempiras de fondos de la Cuenta Única del Estado.
El organismo contralor encontró que los exhortos judiciales utilizados para ejecutar los embargos carecían de respaldo documental, pues no estaban acompañados de acuerdos conciliatorios, autos de ejecución de embargo ni referencias claras a esos documentos, pese a que fueron utilizados como fundamento para afectar los recursos estatales.
Asimismo, el TSC determinó que los 13 exhortos fueron presentados por un abogado que figuraba como apoderado legal de la supuesta parte demandante o por personas vinculadas con él.
Los documentos fueron recibidos, tramitados y ejecutados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, sin que existiera evidencia de una verificación documental, electrónica, institucional o telefónica con el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca.
Durante la investigación, el Juzgado de Choluteca desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones atribuidas a ese órgano jurisdiccional.
El TSC también encontró que algunos números de expediente correspondían a procesos reales contra empresas privadas, mientras que uno correspondía a un proceso contra la Municipalidad de Choluteca que presentaba alteraciones en las partes procesales y en la cuantía. Otros expedientes no existían en los libros de control ni en los sistemas electrónicos del juzgado.
Según el informe, a partir de esos exhortos se ejecutaron los embargos contra la Cuenta Única del Estado en el BCH. Posteriormente, los fondos fueron trasladados a una cuenta del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, desde donde se emitieron cheques de caja a favor del abogado que aparecía como representante legal de la supuesta parte demandante.
El TSC señaló que en la revisión de los documentos identificó la participación de diversas personas naturales, profesionales del derecho, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos investigados.
Debido a las irregularidades detectadas, que serían indicativas de posibles responsabilidades penales, el informe fue remitido al Ministerio Público. El TSC recomendó al ente investigador realizar las diligencias y acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades en los 13 expedientes.
Los otros dos informes, identificados como 002-2026-DGSD-CSJ-A y 002-2026-DGSD-CSJ-B, corresponden a la revisión de otros 27 expedientes: 25 relacionados con demandas contra municipalidades de Olancho y dos contra la Municipalidad de Choluteca. En estos casos, los embargos contra la Cuenta Única del Estado ascendieron a 921,141,303.51 lempiras.
En estos expedientes, el TSC evidenció que los Juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca no remitieron directamente a la Tesorería General de la República (TGR) el oficio o copia de la sentencia firme antes de ejecutar materialmente los embargos, incumpliendo el procedimiento especial establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto de 2024 y 2025.
El organismo de control indicó que se emitieron autos ordenando la ejecución de embargos contra el Estado sin que existiera en los expedientes evidencia documental de que la sentencia firme hubiera sido remitida directamente a la TGR para realizar la reserva correspondiente y verificar la disponibilidad presupuestaria.
Según el TSC, el incumplimiento de este procedimiento generó un riesgo potencial de afectar recursos destinados a rubros protegidos, entre ellos el servicio de la deuda pública, los servicios personales y la operación de las municipalidades demandadas.
Ante estos hallazgos, el TSC recomendó a las autoridades del Poder Judicial instruir a los órganos jurisdiccionales para que remitan oportunamente y de manera directa a la TGR y a las instituciones demandadas las sentencias firmes emitidas contra entidades del sector público.
El objetivo de esta medida es garantizar que los montos ordenados judicialmente sean pagados de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria correspondiente y evitar que se comprometan recursos públicos destinados a servicios y obligaciones prioritarias.
