El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó irregularidades en 13 expedientes relacionados con supuestas demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca, mediante los cuales se habrían ejecutado embargos judiciales falsificados que ocasionaron un perjuicio superior a los 32 millones de lempiras.
De acuerdo con los hallazgos del órgano contralor, la presunta red utilizaba expedientes de procesos laborales para solicitar y ejecutar embargos sobre fondos de la Cuenta Única del Estado. Las irregularidades fueron identificadas durante las revisiones realizadas por el TSC a los documentos judiciales utilizados para justificar las operaciones.
Los 13 expedientes estaban relacionados con supuestas demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca. A través de estos procesos se habrían generado órdenes de embargo que permitieron extraer recursos públicos por un monto aproximado de 32 millones de lempiras.
Irregularidades en embargos judiciales
El hallazgo se suma a una serie de irregularidades detectadas por el TSC en procesos judiciales utilizados para afectar recursos públicos mediante embargos. El órgano contralor ha advertido que algunas actuaciones no cumplieron con los procedimientos establecidos en la legislación presupuestaria.
El TSC revisó 27 expedientes judiciales y concluyó que existen irregularidades en la ejecución de embargos por más de 921 millones de lempiras contra la Cuenta Única del Estado.
Según los resultados de las auditorías, no se encontró evidencia de que los juzgados involucrados hubieran remitido a la Tesorería General de la República (TGR) las sentencias firmes que sustentaban los procesos, un requisito establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto para coordinar el pago de obligaciones con recursos públicos.
Las auditorías identificaron actuaciones de juzgados de Juticalpa y Choluteca que ordenaron embargos sin que previamente se hubiera remitido a la TGR una copia de las sentencias firmes. El procedimiento establecido busca verificar la disponibilidad financiera de las instituciones demandadas y coordinar el pago de las obligaciones antes de afectar fondos estatales.
El informe 002-2026-DGSD-CSJ-B, considerado el de mayor impacto financiero, comprende la revisión de 12 procesos de embargo contra la Cuenta Única del Estado por un monto de 888.5 millones de lempiras.
Entre los hallazgos también se señala que, en varios casos, se utilizaron exhortos o auxilios judiciales como respaldo para ejecutar los embargos, sin que en los expedientes constaran las resoluciones o sentencias originales que sustentaban esas actuaciones.
Además, el TSC advirtió que algunos expedientes no contenían información completa sobre las diligencias realizadas por los juzgados ejecutores, situación que dificultó establecer la trazabilidad de los procesos y verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
Ante estos hallazgos, el Tribunal Superior de Cuentas trasladó los informes correspondientes al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales. El presidente del TSC, Ricardo Montes, confirmó que el expediente de mayor cuantía también fue remitido a la Fiscalía.
“Ya remitimos el informe al Ministerio Público para que realice la investigación, al encontrarse indicios de responsabilidad penal”, afirmó Montes.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) informó que abrió una investigación para determinar si los jueces que autorizaron los embargos por 921 millones de lempiras incurrieron en delitos al ordenar medidas contra recursos públicos sin cumplir los procedimientos establecidos.
Los tres informes que serán parte del expediente remitido al Ministerio Público incluyen actuaciones judiciales desarrolladas principalmente en los departamentos de Olancho y Choluteca. Los procesos involucran, entre otras, a las alcaldías de Juticalpa, La Unión, Patuca, Campamento, Esquipulas del Norte y Mangulile.
Entre los desembolsos identificados figuran tres expedientes relacionados con la Alcaldía de Juticalpa por 13.5, 5.4 y 4.1 millones de lempiras. El TSC también investiga las circunstancias en que fueron ordenados y ejecutados estos embargos y si se cumplieron los requisitos legales antes de afectar los fondos públicos.
