Tegucigalpa, Honduras.

Una potencial expulsión de los 57,000 hondureños que se encuentran amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) tendría graves repercusiones sobre miles de familias hondureñas de bajos recursos y sobre la economía del país en los próximos años, conforme a datos de diferentes organismos e instituciones oficiales.

La posibilidad de que el gobierno de Trump declare el fin del TPS es cada vez más real, luego de que Rex Tillerson, secretario de Estado, remitió una carta al Departamento de Seguridad Nacional, en la que sugirió la finalización del amparo migratorio, que cubre a unos 300,000 centroamericanos, de los que 57,000 son hondureños.

El anuncio de Tillerson se convirtió en los últimos días en otro factor que ha alterado los nervios de la comunidad hondureña. Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, (OHFM), dijo ayer que “hay preocupación entre todos los hondureños”.

“Este lunes será crucial para la comunidad hondureña y nicaragüense. La gente está preocupada, nerviosa y en incertidumbre”, dijo Portillo. “Yo creo que van a ampliar el TPS. Yo estuve desde el 23 al 27 en Washington y tuve reuniones con congresistas y senadores y entregando cartas”.

Pese al anuncio de Tillerson, Portillo se siente optimista y cree que “hay un 90% de que den aunque sea seis meses más de TPS”.

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Sheena Thompson, abogada hondureña de la firma Servicios Legales Seguros LLC en Baton Rouge, Louisiana, coincide con Portillo. Ella cree que renovarán el TPS este día.

“Hay demasiados intereses. Las personas con TPS pagan impuestos, están registradas y tienen su licencia de conducir, tienen obligaciones. Esto también es un beneficio para el gobierno. Quizás no extiendan por una cantidad de tiempo larga, pero por un tiempo breve lo renovarán”, dijo Thompson, quien es asesora legal de hondureños y latinos.

Se estima que la expulsión de estos compatriotas representaría un impacto anual de alrededor de 200 millones de dólares sobre el envío de remesas familiares procedentes de EUA, confió Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico y embajador de Honduras en Washington.

Honduras recibió en 2016 un poco más de 4,000 millones de dólares en remesas familiares, de las cuales un 5% corresponde a personas amparadas en el TPS. La merma en el ingreso de las remesas para el país sería significativa, pero el mayor impacto sería para las miles de familias que dependen de este dinero, si se toma en cuenta que la mayor parte de los “tepesianos” envían una cantidad mensual para el sostenimiento y educación de sus familias aquí en Honduras. Datos del Centro de Estudios de Migración de Nueva York establecen que el mayor número de hondureños amparados en el TPS se concentra en la Florida con 7,800 y California 5,900.

El estudio agrega que en estos casi 20 años esta comunidad de hondureños conformaron unos 43,000 hogares o uniones familiares, de las cuales nacieron unos 53,500 niños que poseen la nacionalidad estadounidense y que quedarían en una situación de desamparo y vulnerabilidad en el eventual caso que sus padres sean expulsados.

En por eso que la influyente Conferencia de Obispos de Estados Unidos advirtió en una carta dirigida al presidente Donald Trump que la derogación del TPS implicaría un drama humano insostenible para estos niños y la comunidad en general. “Terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible”, dice la misiva.

El Centro de Estudios de Migración indicó que los beneficiarios del TPS de estas naciones (Honduras, El Salvador y Haití) tienen un estimado de 273,000 niños ciudadanos estadounidenses.

Por otro lado, el 10% de los salvadoreños, el 9% de los haitianos y 6% de los beneficiarios hondureños de TPS están casados con un residente legal en EUA. El estudio también indica que el 76% de los hondureños en el TPS están por arriba del nivel de la pobreza.