Washington, Estados Unidos
El titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que recomendó poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, del que se benefician 413,500 inmigrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense, informó ayer The Washington Post.
El diario norteamericano, que cita funcionarios bajo condición de anonimato, explicó que el DHS, el encargado de tomar la decisión sobre el TPS, recibió esta semana la recomendación del Departamento de Estado.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que Estados Unidos concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Actualmente viven 439,625 inmigrantes en Estados Unidos amparados por el TPS, según datos facilitados a la agencia Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).
En su mayoría son salvadoreños (263,282), hondureños (57,000) y haitianos (58,706). De Nicaragua hay 5,349 beneficiarios.
 Vulnerabilidad del territorio. Honduras argumentó que el país sigue siendo vulnerable al cambio climático y los fenómenos naturales.
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En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses; pero ahora el Gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
Según los funcionarios que hablaron con The Washington Post, el Departamento de Estado ha concluido que los problemas de violencia, corrupción y pobreza que todavía atraviesan algunos de estos países centroamericanos y Haití no tienen que ver con los desastres que provocaron la concesión del TPS.
La decisión definitiva sobre el TPS a hondureños y nicaragüenses tiene que llegar a más tardar este lunes, ya que el Gobierno debe pronunciarse 60 días antes de que expire el próximo 5 de enero.
En el caso de los haitianos y salvadoreños, el TPS expira el 22 de enero y el 9 de marzo, respectivamente, por lo que el Gobierno también tiene que tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
Angustiosa espera
Aunque lo recomendado por Tillerson no es la postura oficial, sí es razón de peso para causar preocupación entre la comunidad hondureña.
Ayer, el pueblo y Gobierno hondureño esperaba aún con moderado optimismo la comunicación oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la ampliación del TPS.
La decimotercera ampliación del TPS caduca el 5 de enero de 2018, pero 60 días antes el Gobierno de EUA comunica oficialmente su decisión de renovarlo o no. Ese plazo se cumple justamente mañana domingo 5 de noviembre.
Fuentes oficiales de la Cancillería informaron que el embajador de Honduras en Washington, Marlon Tábora, ha estado en permanente comunicación con James Nealon, subsecretario de Compromiso Internacional de la Oficina de Estrategia Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional y este comunicó que hasta el viernes no había una decisión.
LA PRENSA también consultó a la titular de la Cancillería, María Dolores Agüero, quien confirmó la tarde de ayer que seguían pendientes de la comunicación oficial del Gobierno estadounidense, por lo que todo apuntaba que la decisión se comunicaría hasta el lunes 6 de noviembre.
“Parece que será hasta el lunes”, dijo Agüero en una escueta comunicación con este diario.
Miles de hondureños residentes en Estados Unidos y sus familias en Honduras se mantenían en vilo ante el anuncio de las autoridades norteamericanas de prorrogar o no el régimen migratorio que se viene otorgando desde 1999. El TPS beneficia aproximadamente a 30,000 centroamericanos, de los cuales 200,000 son salvadoreños, 57,000 hondureños y 5,000 nicaragüenses.
Impacto para EUA
Un informe publicado por Inmigrant Legal Resource Center advirtió que la eliminación del TPS para Honduras, El Salvador y Nicaragua resultaría en una reducción de casi 7,000 millones de dólares en contribuciones al Seguro Social y al programa de salud Medicare a lo largo de una década.
Además de lo anterior, conduciría a una disminución de 45,000 millones de dólares en el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos.
El informe precisa que la deportación de más de 300,000 hondureños, salvadoreños y nicaraguenses le costaría al Gobierno Federal unos 3,100 millones de dólares y afectaría directamente a sus empleadores, sumado a que el gasto por ausencia de estos trabajadores significaría unos 967,000 dólares.
Con base en lo anterior, la finalización del TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua tendría impactos económicos significativos y de largo alcance para la economía de Estados Unidos.
Para Honduras, según el embajador Marlon Tábora, el impacto de la deportación de esos 57,000 hondureños sería de enormes connotaciones humanas y económicas para el país y las familias que dependen económicamente de ellas.
Para el caso, de los 4,000 millones que todos los inmigrantes hondureños mandaron a Honduras en concepto de remesas familias, el 5% corresponde a los que está amparados en el TPS. Esto representa un poco más de 200 millones de dólares que dejarían de ingresar a la economía nacional.
Deportaciones
En el potencial caso que la administración de Donald Trump decida cancelar el beneficio migratorio es improbable que inmediatamente se emprenda una cacería y una oleada de deportaciones masivas de hondureños, afirmó a LA PRENSA la vicecanciller para asuntos migratorios María Andrea Matamoros.
“Sabemos que hay incertidumbre y se ha transmitido el mensaje de la posible deportación de casi los 60,000 compatriotas amparados en el TPS; pero es importante dejar muy claro que una deportación masiva no es factible y no sería esa la realidad en caso que no se llegara a renovar el TPS”, aclaró.
Explicó que toda deportación lleva un trámite legal y la misma debe pasar por la red consular de Honduras, desde donde se emiten los salvoconductos y se supervisa que cada caso haya cumplido con el debido proceso en apego a los derechos humanos.
“Asumimos que sería la misma situación en caso que no llegara a renovarse el TPS, ya que tendríamos que ver caso por caso, y las leyes estadounidenses establecen que cada una de estas personas tendría que ir ante un juez de inmigración y tendría que pasar por nuestra red consular”, apuntó.
En ese sentido, Matamoros llamó a la tranquilidad a los hondureños porque cada uno de los casos tendría el acompañamiento de la Cancillería a través de su red consular y sus oficinas de servicios legales.
“Esta situación no nos agarra en curva, nos preparamos ante cualquier situación para poder actuar con prontitud y velar en todo momento por los derechos de nuestros compatriotas”, puntualizó.
Claves
1- De los tres países beneficiados, Honduras es el único que presentó una solicitud formal de ampliación del TPS.
2- Honduras viene gestionando el TPS desde la cumbre de la Alianza para la Prosperidad celebrada en Miami en junio.
3-Un primer escenario es que se niegue el TPS y su fije una fecha para el retorno de los 300,000 centroamericanos.
4-Un segundo escenario es que se amplíe por 12 y 18 meses más, pero por una última ocasión.
5-Un tercer escenario es que el Congreso de EUA apruebe una iniciativa para regularizar su estatus.
