A dos años de que la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación de tráfico de drogas y armas en su contra, Juan Carlos Bonilla, exjefe de la Policía Nacional, ahora se encuentra privado de su libertad, mientras comienza un proceso de extradición.
En los últimos dos años, Bonilla, quien ha sido conocido como el Tigre Bonilla y se consideraba el verdugo del crimen organizado, se refugió en la clandestinidad; pero ayer, cuando viajaba de Comayagua a El Paraíso, agentes de del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas lo capturaron en el peaje de Zambrano.
Despojado del uniforme azul de la Policía Nacional y vestido deportivamente, con camiseta blanca, pantalón negro, gorra y tenis, cayó en manos policiales cuando se conducía sin despertar sospechas en un automóvil doble cabina gris.
AUDIENCIA
Juan Carlos Bonilla comparecerá la mañana de este día ante el juez natural de extradición que le informará sobre los tres delitos que le imputa Estados Unidos.
El 30 de abril de 2020, Geoffrey S. Berman, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron que ese día acusaron a Bonilla en la Corte Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y cometer delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Las autoridades de Estados Unidos señalan a Bonilla (de 62 años) de ser parte de una red poderosa de narcotráfico en la cual participaban capos hondureños que se encuentran presos en Estados Unidos, entre ellos el exdiputado Juan Antonio Hernández, acusados de hacer negocios ilícitos con el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán.
En la acusación presentada en Nueva York, la Fiscalía relata que Bonilla Valladares formó parte de la Policía Nacional de Honduras de, aproximadamente, 1985 a 2016. Durante ese tiempo ocupó posiciones de alto rango, como una jefatura regional y una jefatura nacional.
Él, según fiscales, aprovechó esas posiciones “para facilitar el tráfico de cocaína y utilizó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluyendo Juan Antonio Hernández Alvarado (...) y CC4” (Juan Orlando Hernández).
A cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla les ordenó a miembros de la Policía Nacional (que estaban armados con ametralladoras) que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados, según la Fiscalía neoyorquina.
Además, el Tigre, en coordinación con Tony Hernández y otros narcos, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial (sobre operaciones de interdicción aérea y marítima) de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de droga.
Según la acusación, por considerarlo un hombre altamente violento, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández “confiaron en Bonilla tareas especiales, incluido el asesinado (...) de un narcotraficante rival” que intentó evitar que su cartel trasladara cocaína cerca de la frontera con Guatemala.
Delitos
La Fiscalía norteamericana acusa a Bonilla precisamente de tres delitos: “(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, (2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína, (3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína”.
En caso de ser declarado culpable en Estados Unidos, el Tigre, “enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y un término máximo de cadena perpetua en el cargo tres”.
Ayer, después de su captura, la Corte Suprema de Justicia designó a José Olivio Rodríguez Vásquez como juez natural para evacuar el proceso de extradición que comenzará este día con la audiencia informativa que será celebrada en el Poder Judicial entre las 9:00 am y 10:00 am.
Este magistrado, de los 15 de la Corte, es el único que el pasado 24 de febrero votó a favor para que al expresidente Hernández, quien permanece recluido en la sede de los Cobra, gozara de arresto domiciliario.
A las 8:10 pm, tal como mostraron a Juan Orlando Hernández el día de su captura, la Secretaría de Seguridad presentó ante los medios de comunicación a Bonilla esposado y encadenado de pies y manos. A las 8:15, después de leer un comunicado, retiraron al general (r) del salón de la Secretaría de Seguridad en El Ocotal.
Pese a que Estados Unidos lo había solicitado en extradición en mayo de 2021, hasta ayer lo capturaron siguiendo una orden emanada por una autoridad competente, dijo el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, quien estuvo al momento de presentar al acusado.
“El ciudadano Juan Carlos Bonilla Valladares estará en condición de arresto provisional en instalaciones policiales con vastas medidas de seguridad, así mismo se hará uso del manual de reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de detenidos (....)”, indica el comunicado que las autoridades leyeron anoche.
La Secretaría de Seguridad informó que “este arresto fue solicitado mediante nota verbal número 312-2021, suscrita por el juez de extradición de primera instancia y el respectivo secretario general”.
" “Fue arrestado en un escenario técnicamente bien elegido, en un momento de oportunidad”. "
En declaraciones a medios de comunicación, Sabillón explicó que los agentes policiales capturaron a Bonilla “en un escenario técnicamente bien elegido (...), un momento propicio, un momento de oportunidad para ejecutarlo de manera exitosa”. Aseguró que no emplearon fuerza contra él más que la necesaria para “inmovilizarlo”.
Sabillón aclaró que la extradición de Bonilla no es parte del conjunto de nuevos pedidos que la justicia de Estados Unidos ha presentado a Honduras. “Estamos en buena ruta, estamos en un Estado de derecho que se está privilegiando .Estamos dándole ejecución a todas aquellas disposiciones emanadas por autoridad competente”, dijo.
