El presidente de Honduras, Ricardo Maduro, entrega el poder este viernes al mandatario electo Manuel Zelaya, sin haber podido solucionar el problema de la violencia en las cárceles y las ejecuciones extrajudiciales.
Las 24 cárceles hondureñas, la mayoría construida en vetustos cuarteles de fines del siglo XIX, han sido catalogadas por las propias autoridades del Gobierno como 'academias del crimen' y 'bombas de tiempo', sobre todo por el hacinamiento en que subsisten más de 11 mil reos.
El pasado 5 de enero trece reos murieron en la Penitenciaría Nacional, PN, situada 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, al ser ejecutados en un confuso incidente, en el que según la prensa pudieron haber participado autoridades, al menos como cómplices.
Pero ese incidente tuvo antecedentes: el 5 de abril de 2003 en la cárcel de El Porvenir, 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa, perecieron 68 reclusos durante un motín, incluyendo 61 integrantes de la pandilla Mara 18, M 18.
En mayo de 2004 también perecieron calcinados y asfixiados 107 reos de la pandilla Mara Salvatrucha, MS, en un incendio que se registró en el Centro Penal de San Pedro Sula, 240 kilómetros al norte de la capital.
Organismos de derechos humanos han denunciado que el Gobierno es culpable por acción o por omisión de las muertes, que pudieron ser prevenidas.
Sobrevivientes de El Porvenir denunciaron que policías atacaron a los pandilleros, algunos de los cuales fueron ejecutados tras haberse rendido con el tiro de gracia en la frente, y que en San Pedro Sula los guardias del penal pudieron abrir las puertas de las celdas para dejarlos salir, pero no lo hicieron para que se murieran.
Desde el segundo día de su mandato Maduro salió a los barrios marginales, protegiéndose con un chaleco antibalas, en operativos policiales y militares apoyados hasta con helicópteros, para cumplir con su promesa de campaña de neutralizar sobre todo a las pandillas juveniles.
La MS y la M 18, integradas por unos 32 mil miembros y 70 mil simpatizantes, que incluso utilizan fusiles de asalto AK-47, controlaban virtualmente considerables áreas de colonias y barrios marginales donde asaltaban y cometían toda clase de crímenes, según las autoridades.
En agosto de 2002, a iniciativa de Maduro, el Congreso aprobó una reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley Antimaras, que prohibió la sola existencia de esas organizaciones juveniles y castigó a los miembros hasta con doce años de cárcel, más tarde ampliada la pena a 30 años.
Supuestamente en represalia por las muertes, un grupo de la MS atacó con fusiles AK-47, el 23 de diciembre de 2004, un bus en Chamelecón, norte del país, dejando 28 muertos.
La ex comisionado de la Policía, María Luisa Borjas, destituida de la jefatura de Asuntos Internos por denunciar la existencia de escuadrones de la muerte que ejecutaban a jóvenes en las calles, aseguró que los crímenes contra los miembros de las pandillas formaban parte de una una 'política de Estado'.
Aunque la denuncia fue rechazada por el Gobierno, Borjas aseguró que un testigo protegido miembro de la Policía le confió que 20 equipos integrados por cinco miembros cada uno se encargaban de las ejecuciones.
Casa Alianza, una organización no gubernamental estadounidense protectora de menores en América Latina, lleva desde 1998 un recuento de menores de 23 años que han sido asesinados en Honduras. Estima que cerca de 3,000 fueron ejecutados desde ese año, unos 2,000 de los cuales ocurrieron durante el mandato de Maduro.
