Tegucigalpa, Honduras. Roosevelt Leonel Hernández, general en condición de retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto, llegó este martes a los tribunales de Tegucigalpa para enfrentar la continuación de la audiencia inicial en el proceso penal que el Ministerio Público mantiene en su contra.
Hernández enfrenta un requerimiento fiscal por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en un caso relacionado con publicaciones y señalamientos contra cuatro periodistas.
El exjerarca militar acudió al Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa acompañado por su equipo legal, que busca que el juez determine un sobreseimiento definitivo y ordene el cierre del proceso.
La acusación tiene como origen una investigación del Ministerio Público sobre contenidos difundidos durante 2025 y 2026 a través de un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
Entre las publicaciones bajo investigación se encuentra una edición difundida el 26 de mayo de 2025 bajo el título “Sicarios de la verdad”, en la que fueron cuestionados los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.
El contenido incluía además cinco páginas con señalamientos dirigidos contra los comunicadores. Los periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunciaron la publicación al considerar que formaba parte de una campaña de desacreditación.
El requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio y dio paso al proceso judicial que ahora enfrenta el exjefe militar. La Fiscalía sostiene sus acusaciones con base en los contenidos que son objeto de investigación.
Mientras el caso avanza en los tribunales, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron las condiciones establecidas para el desarrollo de la audiencia inicial que comenzó el este 1 de septiembre.
La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) rechazaron las restricciones impuestas para la presencia de observadores durante el proceso.
Ambas organizaciones cuestionaron que el juzgado no habilitara un espacio más amplio y manifestaron preocupación por el lenguaje utilizado en la resolución judicial, al considerar que algunas expresiones podrían resultar estigmatizantes hacia periodistas, comunicadores, víctimas y defensores de derechos humanos.
Asopodehu y Joprodeh sostuvieron que la observación de procesos judiciales es una práctica legítima que favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque reconocieron la obligación de los tribunales de garantizar el orden y la seguridad, advirtieron que estas medidas no deberían limitar la publicidad de un caso de interés público.
Ahora será el juez competente quien deberá valorar los elementos presentados en el proceso y determinar si corresponde continuar con la causa o conceder la petición de la defensa de Hernández para dictar un sobreseimiento definitivo.
