El Congreso Nacional ha decidido acelerar las acciones para enfrentar el flagelo de la extorsión, un delito que mantiene bajo presión a diversos sectores productivos del país.
En una medida estratégica, la junta directiva del Legislativo solicitó formalmente la opinión jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre un paquete de reformas al Código Penal, con el objetivo de dotar al Estado de herramientas más severas para desarticular asociaciones ilícitas.
La urgencia del Congreso es evidente: otorgó un plazo de apenas tres días al Poder Judicial para remitir sus consideraciones técnicas.
Combatir la extorsión
El objetivo es que, a más tardar la próxima semana, el pleno pueda discutir y aprobar los cambios legales que permitirían declarar a grupos criminales específicos como organizaciones terroristas.
“De manera frontal contra la extorsión, contra las maras y pandillas, contra los grupos de asociaciones ilícitas, y le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que en un término de tres días nos remita esta opinión”, manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El diagnóstico legislativo señala que el descuido en la lucha contra este delito en años anteriores permitió la expansión de estructuras criminales, al punto de que el sector transporte debe pagar hasta siete “cuotas” a distintos grupos.
Esta presión económica ha llevado a las autoridades a enfocarse no solo en los delincuentes, sino también en los mecanismos que facilitan el flujo de dinero ilícito.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la regulación de las transferencias electrónicas.
Según investigaciones preliminares, los extorsionadores han migrado sus operaciones hacia plataformas digitales y puntos de envío en barrios y colonias, aprovechando la falta de controles de identidad para recibir dinero del denominado “impuesto de guerra” sin dejar rastro.
“Están utilizando mecanismos de transferencias electrónicas para el pago de la extorsión. ¿Cómo es posible que no existan controles para saber quién envía, quién recibe y quién retira el dinero?”, cuestionó Zambrano.
Para frenar esta modalidad, el Legislativo prevé reuniones con empresas que ofrecen servicios de envío de dinero desde pulperías y comercios locales, con el fin de garantizar la trazabilidad de cada transacción.
Asimismo, la reforma contempla endurecer la regulación sobre la venta de tarjetas SIM, que continúan comercializándose sin un registro adecuado de usuarios, lo que facilita las llamadas extorsivas desde centros penales y otros puntos.
“Hoy corresponde exigir a las empresas de telefonía celular que cumplan la ley y eviten la venta indiscriminada de chips”, añadió Zambrano.
El paquete de reformas también otorgaría facultades especiales al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que podría declarar formalmente como terroristas a grupos criminales plenamente identificados, activando protocolos más rigurosos de persecución penal.
Desde el Congreso Nacional sostienen que la aprobación de estas reformas es clave para adaptar el marco legal a las nuevas dinámicas del crimen y fortalecer la seguridad en el país.
“Este gobierno tiene que luchar contra este flagelo y, desde el Congreso, nuestra obligación es brindar las herramientas legales necesarias”, concluyó Zambrano.
