La Corte del Noveno Circuito de San Francisco, California, Estados Unidos, admitió este jueves la moción de aplazamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta el 18 de noviembre de 2025, confirmó el canciller hondureño Javier Bu Soto.
El Tribunal ordenó que las terminaciones del TPS se aplacen para preservar el statu quo y hasta una audiencia sobre el fondo el 18 de noviembre de 2025. El aplazamiento estará sujeto a una prórroga en la audiencia del 18 de noviembre de 2025. 72,000 hondureños están en Estados Unidos con el mecanismo TPS.
Así lo decidió la jueza federal Trina L. Thompson, quien presidió la audiencia celebrada el pasado martes en San Francisco, escuchó durante casi dos horas los argumentos de ambas partes antes de informar que emitiría su fallo en un plazo de 48 horas.
Por parte de los demandantes, los abogados cuestionaron la legalidad de la cancelación del TPS durante la administración de Donald Trump, alegando que se trató de una medida con motivaciones raciales y sin una evaluación objetiva de las condiciones actuales en los países involucrados.
🚨 Buenas noticias de la Corte Federal del Distrito Norte de California. El tribunal ha decidido suspender la terminación del #TPS para Honduras y mantener el estatus actual hasta la audiencia del 18 de noviembre de 2025. La decisión reconoce que los demandantes buscan ejercer su... pic.twitter.com/roUL3hiXng
— Javier Bu Soto (@JavierEBS) August 1, 2025
Del lado del gobierno, los representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentaron que se trató de una reinterpretación de la política migratoria, aunque no lograron sustentar esa posición con análisis detallados, según asistentes a la audiencia.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien estuvo presente en la sala, relató que “se vieron los argumentos. Los demandantes plantearon que Trump tomó una posición racial, y que las condiciones en nuestros países no son aptas para regresar. El gobierno de Trump se miraba muy débil, no tenía respuestas contundentes”.
Durante la sesión, también se destacó la urgencia de una prórroga. Los demandantes solicitaron al menos seis meses adicionales antes de que se haga efectiva la terminación del TPS. Argumentan que este tiempo permitiría explorar vías legales o políticas para proteger a los beneficiarios, muchos de los cuales tienen décadas de residencia en EE. UU.
