Tocoa, Colón

Unos 250 empleados de la empresa Corporación Dinant, se encontraban anoche como rehenes, luego que supuestos campesinos, se tomaran el portón de acceso a la planta extractora, ubicada en la aldea Quebrada de Arena, municipio de Tocoa, Colón.

Los manifestantes, exigen la libertad de 17 compañeros que se encuentran guardando prisión, luego que el Ministerio Público, presentara requerimientos fiscales, por el delito de usurpación de tierras. Algunos de ellos se presentaron voluntariamente, mientras otros fueron capturados por la Policía Nacional.

Los campesinos acusados, fueron presentados ayer lunes en los juzgados de Tocoa, para la audiencia inicial, sin embargo el juez no ha dado la resolución.

Los protestantes que pertenecen a la plataforma Agraria de la zona, manifestaron que se mantendrían toda la noche en la protesta, por lo que no dejarían salir al personal luego de finalizar la jornada laboral.

Los campesinos también se tomaron la carretera CA-13, frente a la planta. Jaime Cabrera, dirigente de la Plataforma Agraria, le dijo al periodista Lexer Amaya, “estamos aquí porque nos han violentado los derechos humanos. Necesitamos que se respeten los convenios que se firmaron el 22 de febrero que dejen el libertad a los 17 compañeros. Si no se respetan los convenios aquí vamos a permanecer”.

En el Bajo Aguán, supuestos campesinos mantienen invadidas 23 fincas de palma africana y se benefician de la cosecha de la fruta de 14,507 hectáreas.

A inicios de febrero, se firmó un convenio con las cooperativas aglutinadas a la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán y los inversionistas del rubro en Colón, con el fin de poner fin a la disputa de tierras. Las reuniones se desarrollaron en la ciudad de Tocoa y fueron coordinadas por la comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Seguridad Ramón Sabillón.

Se conformó una comisión jurídica integrada por 12 juristas nacionales y de organismos internacionales. Estos juristas harán una exhaustiva investigación sobre la tenencia de la tierra, ya que los campesinos y los inversionistas de las empresas invadidas aseguran tener los títulos legítimos de propiedad. Los campesinos han vuelto a las protestas, ya que aseguran que no hay avance en los acuerdos firmados.