Centenares de empleados de las empresas afectadas por las invasiones de fincas de palma africana en el Bajo Aguán se tomaron la carretera CA-13, a la altura de la aldea Honduras Aguán, en Trujillo, Colón.
Los manifestantes exigen al Gobierno de la República hacer efectivas las órdenes de desalojo de los supuestos campesinos que mantienen tomadas más de 12,000 hectáreas de plantaciones de palma.
Desde que resurgieron las usurpaciones de tierra en la zona a inicios de noviembre pasado, los inversionistas del rubro de la extracción de aceite de palma han tenido que despedir a unos 1,500 trabajadores, viéndose afectadas unas 300 familias.
“Estamos pidiendo que el Gobierno ejecute la orden de desalojo de nuestra finca Chapagua. Para obtener esta finca obtuvimos un préstamo con la banca en más de 100 millones de lempiras y cómo vamos a pagarlo si no podemos cosechar la finca”, manifestó uno de los inversionistas, que pidió el anonimato.
Hace una semana, una comisión gubernamental estuvo dos días en la ciudad de Tocoa con el fin de encontrarle una salida al problema.
Las negociaciones se empantanaron, luego que los campesinos rechazaron la condición del Gobierno de que abandonaran las tierras para continuar con el diálogo.
El conflicto de tierras en el Bajo Aguán ha cobrado la vida de más de 15 personas desde noviembre.
Los últimos muertos ocurrieron el pasado miércoles en la finca El Milagro al enfrentarse los mismos invasores que se disputan la fruta. El saldo fue de cuatro fallecidos y tres carros incendiados.
