San Pedro Sula, Honduras
Mientras hay 835 mil familias viviendo con menos de 20 lempiras al día en Honduras, en el Gobierno hay alrededor de 18 instituciones en las que se pagan salarios mensuales superiores a los 100 mil lempiras.
Una realidad tan opuesta como cruel a la que Diario LA PRENSA tuvo acceso al revisar las tablas salariales de los funcionarios del Estado, las cuales son recopiladas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y en ellas se detalla que hay al menos 75 funcionarios que tienen sueldos que superan los L90 mil, en muchos de estos casos, debido a los gastos de representación que se agregan a los sueldos netos pagados en los puestos públicos.
El Poder Judicial es una de las instituciones que tiene 16 cargos con ingresos asignados de más de L150 mil.
En el Banco Central de Honduras (BCH) hay seis funcionarios con sueldos arriba de L160 mil. Mientras que en el Consejo de Judicatura hay cuatro cargos en los que se paga una remuneración de más de L150 mil.
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) tiene tres funcionarios con sueldos que sobrepasan los L110 mil.
En la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hay tres funcionarios con sueldos superiores a los L100 mil.
En el Ministerio Público el Fiscal General y Adjunto tienen salarios arriba de los L170 mil.
Entre las instituciones del Gobierno con salarios elevados resalta la Comisión de la Promoción para la Alianza Público-Privada (Coalianza), en la que hay funcionarios con sueldos de L199 mil y L160 mil.
La lista parece interminable, pues hay muchas más instituciones con asignaciones de ingresos excesivamente altos para sus funcionarios.
Ganan más que el Presidente
El propio presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, reconoció que este tipo de sueldos son un problema en Honduras. “Ha habido un error en la manera de administrar el tema salarial en el país. No se ha estandarizado y eso no debe ocurrir.
Ya tomó una decisión el Congreso Nacional por petición nuestra, que del período anterior y el actual, nadie debe ganar más allá de la responsabilidad que el cargo que tiene le da como opción”, declaró el mandatario a inicios del pasado mes de mayo, tras que Diario LA PRENSA diera a conocer los altos sueldos que se pagan en Coalianza.
Además Hernández afirmó en esa ocasión que “uno de los objetivos de los 100 días es estandarizar los salarios”.
Resulta curioso que en el Gobierno hondureño hay más de 70 funcionarios que tienen sueldos netos superiores al del propio Presidente del país.
Según el IAIP, para el cargo presidencial hay un salario de L90,000, aunque señala que para este puesto además se manejan partidas confidenciales, de las que no se sabe qué porcentaje podrían estar destinados a ser usados para gastos de representación, indica el instituto de transparencia.
En cuanto a comparación de salarios, hay incoherencia de sueldos en algunas dependencias, pues no existe un equilibrio entre responsabilidad del puesto y su remuneración.
Por ejemplo, resulta llamativo que para el puesto del comisionado de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), hay designado un salario de L113,127.60, con lo que supera el sueldo base del propio Presidente de la República y del presidente del Congreso, de la directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la canciller, el secretario de Finanzas, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) o la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
Una nueva ley
Augusto Cruz Asencio, diputado del Congreso Nacional por parte del Partido Demócrata Cristiano (DC), afirmó que en la Cámara Legislativa se le está dando máxima prioridad al problema de altos salarios.
“La preocupación del Congreso es una interpretación de la opinión de la mayoría de hondureños que considera injusto que en un país con tantas dificultades tengamos un grupo de funcionarios, que en teoría deben representar intereses de la población, pero en realidad tienen salarios exagerados y han venido usufructuando gastos de representación”, expresó Cruz Asencio.
Además manifestó que los diputados de todas las bancadas en el Congreso están trabajando en la elaboración de una Ley general que regule la tabla de salarios de todos los funcionarios sin excepción.
El diputado indicó que esta Ley aplicará tanto a miembros del Poder Ejecutivo, como a las instituciones autónomas o semiautónomas.
También a los funcionarios nombrados por el Presidente del país o por el Congreso.
Cruz Asencio agregó que la legislación será hecha pública en los próximos días y que incluirá prohibiciones específicas para impedir que hayan más salarios desmedidamente altos y aseguró que también se evitará que los funcionarios se puedan autoconceder exagerados aumentos de sueldo.
“Los salarios deben ser acorde a la responsabilidad que el funcionario desempeñe, pero también a la realidad del país, porque Honduras está en crisis y siempre piden sacrificio al sector privado, a los obreros y la población, pero el primero que debe dar el ejemplo es el Gobierno”, dijo el diputado.
Desorden total
Mauricio Díaz, director del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), indicó que hay un desorden en el tema salarial del Estado hondureño.
“En Honduras los salarios están definidos como que hubieran varios gobiernos. Por un lado, los que son más cercanos al partido en el poder tienen enormes salarios, pero también en las instituciones descentralizadas, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), por mencionar una, muchos tienen beneficios excesivos y sueldos demasiado altos”, afirmó.
Díaz consideró que es vital que el Gobierno determine en su totalidad y con exactitud cuántos funcionarios hay, sus responsabilidades y sus salarios, para que se eliminen de una vez por todas los cargos y el pago a “paracaidistas”, o sea, personas que solo cobran un sueldo sin tener función alguna en el Gobierno.
El director del Fosdeh señaló que un tema poco revisado es el de los elevados salarios de funcionarios vinculados a programas de cooperación internacional. Por su parte, Doris Madrid, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aseguró que no debe haber incoherencia entre los salarios y las responsabilidades del cargo.
“Para dar un salario debe haber sentido común. Se debe estudiar si el pago a otorgar es equivalente al trabajo asignado. No es posible que alguien con menor grado de responsabilidad en su cargo gane mucho más que funcionarios con puestos clave”, expresó
Medidas necesarias
En un país en el que los pobres son la mayoría y las finanzas del Estado están permanentemente en rojo, los salarios exageradamente altos son un lujo inconcebible.
En algunos casos, hay burócratas que solo por gastos de representación reciben adicionales a su sueldo, hasta más de L40 mil o L60 mil.
Debido a esto, en el Congreso la semana anterior se aprobó un decreto que separa los gastos de representación del sueldo neto de los funcionarios, pues antes se sumaban y se consideraban un salario total, en base al cual se calculaban los beneficios como prestaciones o jubilación.
El fin de desindexar los gastos de representación del salario es generar un ahorro al Estado. Es por esto que a pesar de que los gastos de representación se continuarán pagando, al menos ya no serán considerados parte del salario.
Ahora, por ejemplo, si un burócrata gana L90,000 y por gastos de representación L15,000, al calcularse cuánto deberá recibir al jubilarse o cuánto le corresponde de prestaciones al dejar su empleo solo se tomarán en cuenta los L90,000 y ya no la suma de ambos ingresos.
