Una nueva demanda millonaria perdió el Estado de Honduras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en esta ocasión por 18 millones de dólares (unos 360 millones de lempiras).
La constructora española Elsamex internacional, demandó a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) y como casi siempre sucede, la compañía ganó el caso.
Aunque acudieron a Ciadi en 2009, el titular de Soptravi, Miguel Ángel Gámez, informó ayer sobre la millonaria pérdida que se suma a los 500 millones de lempiras que el Estado de Honduras ha perdido en los últimos tres años según archivos de la Procuraduría General de la República (PGR).
La empresa constructora Elsamex, originaria de España, fue la encargada de la reconstrucción del tramo de la carretera entre Tegucigalpa y Danlí en eldepartamento de El Paraíso, unos 120 kilómetros aproximadamente entre ambas ciudades.
La representante de la compañía en Honduras es Verónica Medina, a quien LA PRENSA contactó por vía telefónica, dijo no conocer el resultado del proceso judicial.
Extraoficialmente, Medina comentó pocos detalles del juicio; no obstante, mencionó que el proceso fue muy lento. Aseguró que va a comunicar la información a la casa matriz de la constructora con sede en Madrid y al tener información oficial la proveerá.
“Es preocupante que una empresa (Elsamex) que hizo un pésimo trabajo demanda y gana esa demanda. La empresa demandante efectuó un pésimo trabajo y sin embargo el Estado hondureño está condenado a pagar. Ya me reuní con la procuradora Ethel Deras y ella nos ha asignado un abogado especial para ver de qué manera podríamos defendernos de una manera más eficiente; pero si no lo logramos, a ver de qué manera se nos hace un plan estratégico.
La carretera sigue destruida y aquí el único que nos apoya es el Banco Mundial”, reconoció el secretario de Soptravi, Miguel Ángel Gámez.
Tramo carretero
Los 120 kilómetros del tramo carretero entre Tegucigalpa y Danlí han sido un dolor de cabeza permanente para la población que lo utiliza, tanto así que en el pasado se le denominó “la carretera de oro”, debido al sinnúmero de proyectos para su reconstrucción que fueron otorgados en varios Gobiernos sin darles solución hasta hoy.
Elsamex fue la última contratada y los trabajos según Gámez, no cumplen con los estándares de calidad, ya que están en pésimas condiciones.
Otra de las preocupaciones del Secretario de Soptravi es que tanto la constructora Elsamex como la compañía supervisora de la obra, Inocsa, son españolas, por lo que afirmó que no quiere pensar mal sobre la demanda y fallo, “no quiero pensar mal, que hubo confabulación o algo detrás”, dijo Gámez.
La constructora
Elsamex pertenece al grupo del mismo nombre, constituida en 1977 con el fin de exportar toda la experiencia y tecnología que tenía el grupo. “Es a mediados de los 90 cuando empieza sus actividades en el mercado español como empresa consultora y de servicios integrales, especializándose en infraestructuras en el sector de la carretera (mantenimiento integral).
Elsamex Internacional es consciente de la importancia de la tecnología y ha trabajado desde siempre por la investigación de sistemas y productos en el campo de la carretera. Está presente en América, África, Asia y Europa”, explican en su portal de Internet. Después de que se le adjudicó el proyecto y posterior reconstrucción, Elsamex demandó al Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con el objetivo de que se pague la construcción de la obra.
Al conocer la demanda, Soptravi denunció a la empresa por el mal trabajo realizado; sin embargo, la batalla fue perdida en los tribunales una vez más. Gámez agregó que lamentablemente las resoluciones de la Ciadi no admiten apelaciones, por lo que tratará de buscar arreglos de pago debido a la calamitosa situación económica que atraviesa la Secretaría.
Deuda millonaria
El Estado de Honduras se ve en la obligación de cancelar los 18 millones de dólares a la compañía Elsamex según la Ciadi, institución del Banco Mundial que ha sido diseñada especialmente para propiciar la solución de disputas entre Gobiernos y nacionales de otros Estados, según información oficial.
Señalan que una de las finalidades de la Ciadi es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.
Ministro reitera que procederán con despidos
La situación financiera de Soptravi es precaria.
Miguel Ángel Gámez informó que se podrían despedir a unos 454 empleados de Soptravi para evitar los problemas por falta de pago
que se vivieron en los últimos días de 2012.
“El 29 de diciembre, hasta las 11:30 de la noche, estuvimos corriendo para honrar nuestras deudas y no queremos que esto se repita este año”. En estos días se aplica una evaluación del personal, junto acon una auditoría de sueldos y salarios, para hacer un uso racional de los recursos, comentó Gámez.
Gámez también reconoció que hay una deuda de 640 millones de lempiras con las empresas constructoras, de los cuales 240 millones de lempiras son una deuda directa de Soptravi, según lo que se ha documentado.
“No podemos seguir en endeudamiento permanente, porque se ha dicho que se quiere tener una Secretaría organizada, eficiente y depende de que el presupuesto sea usado de la mejor manera”.
Paralizan obras con el Estado
El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) y la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría (Chec) exigieron en un pronunciamiento dirigido a las instituciones del Estado el pago de deudas por contratos ejecutados por sus agremiados desde el año 2010 a la fecha.
Los agremiados acordaron también suspender a partir del día 5 de febrero del presente año todas las actividades de obras
en ejecución en el país. Demandan que además se honren las deudas e irregularidades correspondientes a salarios de los ingenieros laborando para el sector público.
La decisión fue amparada por la Chico, Chec, la Ley de Contratación del Estado, y la Ley Orgánica y Reglamentos del Cich, como entidad rectora de todos los contratistas, consultores e ingenieros involucrados.
El mismo pronunciamiento fue ratificado por la CXVI Asamblea Ordinaria del Cich celebrada en San Pedro Sula el 25 y 26 de enero de 2013. “Todos nuestros agremiados deberán abstenerse de firmar contratos de construcción de obras públicas,
y reanudación de actividades en contratos suspendidos a la fecha,
mientras no estemos seguros de que los fondos para el año 2013 tengan la real disponibilidad líquida y que las obras sean
debidamente canceladas a los contratistas, supervisores e ingenieros en general.
