Que el Congreso Nacional asuma el control del juicio político y lo convierta en un instrumento para venganzas partidarias o de defensa de intereses de grupos es algo que preocupa a varios sectores de la sociedad.
El tema se debatió en el foro Reformas constitucionales y recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en esta capital, con la participación de representantes de instituciones estatales, académicos, sociedad civil y abogados.
El foro fue presidido por Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos; Annet Schwarzbauer, representante de la Fundación Konrad Adenauer; Eduardo Stein, asesor principal de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (USCVR); Rolando Sierra, coordinador de dicha unidad, y Jesús Casal, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.
Sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones, Stein declaró que es natural que estén dentro de un proceso lento, pues son medidas que deben ser consensuadas y respaldadas por la sociedad.
En el caso del juicio político, compartió la preocupación de muchos sectores en cuanto a que la ley que regule su aplicación debe ser una legislación que contenga reglas claras y equilibradas, que no sea una decisión arbitraria que viole el debido proceso.
También es preocupante que la comisión del Congreso Nacional que elabora el proyecto de ley se quede sola en esa labor. A este trabajo deben sumarse sectores del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de especialistas de la abogacía, para que hagan sus aportes con el fin de asegurarse de que el juicio político no sea un instrumento de poder del Congreso Nacional.
Rolando Sierra reveló que de las 84 recomendaciones presentadas, solo 26 se han cumplido.
Agregó que de todas las recomendaciones, 42 están en proceso de cumplimiento y a 54 se les ha dado seguimiento.
El foro facilitó la presentación de las principales experiencias latinoamericanas sobre el proceso de conformación y funcionamiento de tribunales constitucionales y la figura del juicio político.La ministra Pineda expresó: “De manera objetiva y reflexiva se han presentado las recomendaciones cumplidas, las que están en proceso de implementación y las que no tienen ningún avance, con el propósito de generar conciencia y que la sociedad se involucre en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”.
Añadió que está satisfecha con los avances en derechos humanos porque se ha dado seguimiento a importantes recomendaciones de los foros internacionales.
