La luz al final del túnel para la problemática en educación parece estar más lejos de lo que parece.
El sistema educativo público no encontrará una salida a la crisis que atraviesa en la nueva Ley Fundamental de Educación, ni en su reglamentación.
Al menos esa es la conclusión de diferentes sectores del país, entre ellos dirigentes magisteriales, padres de familia, exministros del ramo y algunas investigaciones científicas hechas recientemente.
La salida del atolladero en el que se encuentra la educación primaria y secundaria no solo depende de la tinta y el papel, también se requieren recursos, por mencionar uno de los valladares.
Así lo expresó Marlon Brevé, el exministro de Educación, quien ejemplificó de manera sencilla que para hacer cumplir solo una parte de la Ley Fundamental de Educación (correspondiente a la enseñanza de inglés y ampliar la cobertura) se requiere de 600 millones de lempiras anuales.
Esos recursos deben destinarse a la apertura de nuevas plazas, algo que no se ha hecho durante los últimos años.
Adicionalmente Educación necesita unos 14,000 millones de lempiras para atender cerca de 19,000 centros educativos en el país que se encuentran en mal estado, según las proyecciones del Plan de Infraestructura.
La Ley Fundamental entró en vigor el pasado 16 de enero, es decir, hace un poco más de ocho meses.
Sin embargo, la reglamentación no había avanzado como se esperaba, razón por la que el Congreso Nacional fijó un plazo de 90 días (que venció ayer) para elaborar esos documentos.
Para Patricia Gómez, vicepresidenta del Colpedagogosh (Colegio de Pedagogos de Honduras), la actual ley no resolverá el problema de la educación. Ella considera que el problema es más complejo y grave.
Andrés Martínez, presidente de la Asociación Hondureña de Padres de Familia, analiza que el alto grado de impunidad en el que operan los profesores (a falta de la mano dura del Gobierno), ha agravado la crisis en Educación.En el informe Estado de la Educación, publicado por Ramón Ulises Salgado y Renán Rápalo, se afirma que son necesarios cuatros ejes de reforma: gestión, calidad y equidad, perfeccionamiento docente y financiamiento. Este informe subraya la necesidad de “reestructurar el Ministerio de Educación para perfeccionar las funciones de dirección, administración, planeamiento y evaluación educativa”.
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