El servicio de facturación de energía realizado por la empresa Servicio Hondureño de Medición Eléctrica (Semeh) podría ser sustituido tras aprobarse un decreto de emergencia solicitado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
El decreto permitirá contratar los servicios de una nueva empresa sin realizar licitación.
Debido a que el contrato suscrito por la Enee y Semeh para la medición, facturación, recaudación y recuperación de deudas venció el lunes, le estatal solicitó en consejo de ministros la aprobación de un decreto de emergencia para buscar un reemplazo o la mejora del servicio por parte de la misma empresa.
Emil Hawitt, gerente de la Enee, dijo que el contrato con Semeh ha sido prorrogado en dos ocasiones, cada una de ellas por 90 días, y ya que no se puede volver a modificar, solicitó la aprobación del decreto ya que de no hacerlo 'se produciría el colapso de todos los servicios que presta la Enee'.
El ejecutivo dijo que el vencimiento del contrato pone en riesgo la operación de la estatal, que tiene cerca de 3,200 millones detenidos 'porque no tenemos la gente para cobrarles' y otros '2,200 millones en cuentas que presentan vencimiento por encima de los 120 días'.
Hawitt dijo que la contratación de una nueva empresa que se encargue de la medición se haría bajo 'las mismas condiciones o mejores condiciones establecidas en el contrato actual de Semeh'.
Explicó que no se realizó antes la sustitución en el prestador del servicio debido a que 'estábamos listos para la licitación internacional, pero entró Coalianza y tuvimos que esperar para que ellos la definieran, porque o si no estaríamos haciendo un doble proceso'.
El presidente Porfirio Lobo pidió a los asesores legales del Gobierno que analizaran las medidas alternas que se pueden implementar antes de emitir una emergencia sobre el tema.
Pelea por la exoneraciones
Durante el Consejo de Ministros también se produjo un fuerte cruce de palabras entre funcionarios del Gobierno y miembros de la comisión encargada de analizar el tema de las exoneraciones.
La discusión se debió a la queja por falta de acceso a la información interpuesta por los miembros de la comisión en contra de las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo cual generó la intervención del presidente Lobo.
El mandatario reconoció que no espera que el proceso de análisis de las exoneraciones se logre en 60 días y reconoció el desorden y las 'redes' que existen a lo interno de la DEI para que se de la información.
Por lo tanto, propuso una reunión con los miembros de la comisión para analizar el tema.
