01/12/2022
07:07 AM

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Acusan a jueza de buscar favorecer a Rosa de Lobo

Estuvo asignada al juicio contra la ex primera dama de Honduras y simultáneamente mantenía una relación sentimental con el abogado defensor, con quien actualmente se encuentra comprometida en matrimonio.

Tegucigalpa, Honduras.

Jueces y magistrados que integran los Tribunales en Materia de Corrupción en Honduras denunciaron ante la Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a una de sus exintegrantes por supuesta obstaculización y manipulación del proceso contra la ex primera dama Rosa de Lobo.

De acuerdo a la denuncia, estos hechos irregulares también han puesto en precario la seguridad de los jueces anticorrupción, así como la independencia e imparcialidad en la impartición de justicia desde estos tribunales.

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La Unidad de Investigación de Diario LA PRENSA reveló hoy el contenido de la denuncia remitida el pasado 2 de abril ante la Supervisión General del Poder Judicial, donde se señalan “hechos irregulares en perjuicio de la administración de justicia” e inadecuada conducta judicial de la magistrada de apelaciones de lo civil Ingrid Ebelinda Monzón López.

La denunciada fungió hasta diciembre de 2018 como coordinadora del Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción y estuvo designada en las primeras etapas del juicio contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo; no obstante, mantenía simultáneamente una relación sentimental con el apoderado legal de la señora Lobo, Julio César Ramírez, con quien actualmente se encuentra comprometida en matrimonio.

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Foto: La Prensa

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Dato
El 10 de diciembre de 2018, Monzón López se retiró como jueza de sentencia del circuito anticorrupción y asumió como nueva magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Corte Suprema. Coincidentemente, el 6 de diciembre, Ramírez presentó por escrito su renuncia al ejercicio de la defensa de la ex primera dama, quedando a cargo del caso el abogado Juan Carlos Berganza, con quien ejercía la defensoría conjunta.


La denuncia es firmada por la jueza de letras de lo penal con competencia nacional en materia de corrupción Vera Antonia Barahona Herrera; Fernando Gabriel Morazán Aguilera, Rosa Amalia Rajo López y Karla María Arita Mendoza, miembros del tribunal de sentencia de este mismo circuito, y Edin Yovani de la O Ramos, Karla María Martínez y Telma Consuelo Burgos Landa, magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal.

El documento publicado hoy por LA PRENSA, en su versión impresa, indica que hubo diversas situaciones irregulares que obstaculizaron y entramparon en ciertas etapas el correcto desenvolvimiento del juicio contra los acusados en el caso Caja Chica de la Dama.

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Los jueces aseguran en la denuncia que la jueza buscó favorecer en diversas oportunidades y tiempos a la acusada, como cuando el 23 de agosto de 2018 “intentó convencer a los jueces para revocar la medida de prisión preventiva” dictada contra la clienta de su ahora prometido.

En esa fecha, Monzón López y Fernando Gabriel Morazán, Amalia Rajo y Karla María Arita, sus colegas del tribunal de sentencia, fueron designados para la celebración de la audiencia de revisión de medidas, en la que se resolvió por mayoría mantener la medida cautelar de prisión preventiva decretada contra la señora Lobo, su cuñado Manuel Mauricio Mora y su asistente Saúl Fernando Escobar.

No obstante, se hace constar en la denuncia que la jueza Monzón López insistió en varias sesiones de trabajo “revocar (a Rosa Lobo) la prisión preventiva e imponerles medidas cautelares, a sabiendas de que la Corte de Apelaciones había confirmado la medida de prisión preventiva”.

Posteriormente, el 5 de noviembre del mismo año, el defensor Julio Ramírez pidió que el Tribunal de Sentencia con carácter urgente ordenara a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) poner a la vista la documentación en su poder a fin de utilizarla como medios de prueba; sin embargo, los jueces la rechazaron por mayoría con el voto disidente de Monzón, quien argumentó que el Ministerio Público estaba “en la obligación de mostrar la documentación solicitada por la defensa”.

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