En la investigación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con el Ministerio Público se ha detectado que la cantidad retirada del Banco Central de Honduras, (BCH) para financiar la cuarta urna posiblemente sume 100 millones de lempiras más, aparte de los 50 millones que ya comprobaron que fueron sacados de la bóveda de esa institución financiera estatal, según lo informado por el presidente del organismo contralor, Renán Sagastume.
“Lo que ya está comprobado en el proceso que hemos realizado bajo la dirección del Ministerio Público es el retiro efectivo de 50 millones; ahora, dentro de ese proceso hemos detectado que posiblemente la cantidad vaya a sumar alrededor de 100 millones más, o sea 150 millones. Creemos que todo fue en junio”, indicó.
Sagastume afirmó que ellos están investigando el caso desde enero de 2009: “Tenemos el equipo de auditores en el Banco Central. Es una investigación muy preliminar que estamos realizando con el Ministerio Público; pero todo indica que va a confirmarse esa cantidad”.
En el informe preliminar titulado “Hallazgos iniciales, situación alarmante” del TSC se detalla además que los fondos de préstamos de organismos internacionales y de algunos países amigos fueron desviados en el gobierno de Manuel Zelaya.
En el informe se detallan siete casos de irregularidades en la gestión de Zelaya, que son investigadas y referidas a mal manejo de recursos financieros.
Fondos del BID
En primer lugar, el TSC detectó una transferencia de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del préstamo 1,748 fondos concesionales, que fueron otorgados al Despacho Presidencial. La transferencia a Presidencial fue por 52.9 millones de lempiras, de éstos, 7.5 para gastos de transporte, publicidad, alimentos y bebidas; 26.4 para servicios técnicos y 19 millones para operaciones del Canal 8, informó Sagastume. Este fondo de préstamo concesional tenía por objetivo la ejecución de un programa efectivo de gestión pública y uso de recursos para el apoyo de balanza de pagos.
“Naturalmente los gastos efectuados no están ligados al objetivo del programa”, manifestó. Por otro lado el TSC detectó una transferencia de fondos de préstamo de China/Taiwán para gastos de funcionamiento de la Presidencia y Despacho de la Primera Dama por 150 millones de lempiras, y pagos de la Tesorería de la República sin imputación presupuestaria por más de cinco mil millones de lempiras.
El documento señala que fondos de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza por 71.5 millones de lempiras, fueron retirados sin la autorización de los alcaldes por una funcionaria de confianza del ex presidente Manuel Zelaya, por lo que el TSC supone que pudieron haber sido utilizados para manipular a los alcaldes y lograr su apoyo para el proyecto que pretendía derogar la actual Constitución de la República.
Puesto que se ha mejorado el acceso a la información, Sagastume sostiene que con los datos que se van recolectando, las cifras podrían aumentar y que cualquier persona que resulte involucrada tiene derecho a la defensa.
A principios de mes, la Fiscalía contra la Corrupción interpuso una acusación en contra de Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia, por suponerlo responsable de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, por el retiro de 40 millones y posteriormente se supo que a ese monto se suman otros 10 millones de lempiras.
Como evidencia, la Fiscalía cuenta con la versión de testigos, el video que captó cuando se retiraba el dinero y prueba documental.
Corrupción y cosas insólitas
Los actos de corrupción en la administración del depuesto presidente Zelaya siguen aflorando en la medida que las autoridades competentes continúan revisando su administración.
En las averiguaciones no sólo están apareciendo más actos ilícitos, sino también acciones insólitas donde el ex mandatario se admira a sí mismo.
Evidencia de estos hechos es que se mandó a pintar al óleo y ordenó elaborar una estatua de él, la cual sería colocada junto al próceres José Trinidad Cabañas, conocido en Honduras como “el caballero sin tacha y sin miedo”. En los 42 meses que duró el pasado Gobierno se le contabilizó más de una docena de casos de corrupción. Luego del 28 de junio recién pasado, día en que Zelaya fue capturado y expulsado del país, otros casos de corrupción han ido surgiendo.
Ese mismo día, en su huida para evitar ser capturada, Rixi Moncada, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, dejó abandonados 260 mil lempiras y dos pistolas nueve milímetros en un hotel de Choluteca.
Otro acto ilegal se conoció cuando el 14 de julio la Policía decomisó en una lujosa vivienda ubicada en la residencial Palma Real, contratos, documentos, cheques y dinero en efectivo, todos relacionados con la cuarta urna que impulsaba Zelaya. En el allanamiento, las autoridades encontraron 69 cheques con sumas desde los 20 mil hasta los 380 mil lempiras, emitidos a favor de personas particulares.
Asimismo, se encontraron 500 mil lempiras en billetes de denominaciones de 500, así como contratos de arrendamiento de oficinas y residencias que había suscrito Flores Lanza.
El viernes 17 de julio la Policía desmanteló un centro de llamadas (call center) que el Ministerio de la Presidencia había instalado en una casa de la colonia Miraflores.
Según las investigaciones, en ese centro de llamadas trabajaban unas 80 personas que todos los días se encargaban de llamar a las emisoras y a los programas de televisión manifestándose a favor de la encuesta.
Para el pago de los empleados se tenían presupuestados unos 600 mil lempiras mensuales. El Ministerio de la Presidencia que dirigía Flores Lanza pagaba 44 mil lempiras mensuales por el alquiler de la casa donde funcionaba el centro de llamadas. Además de estos hechos, se conoció esta semana que Zelaya habría gastado 128 millones de lempiras en sus últimos ocho meses, para financiar y promover la encuesta que permitiría instalar la cuarta urna. El Ministerio Público ya tiene en su poder los decretos de emergencia que aprobó Zelaya sin someterlos al Consejo de Ministros, como lo manda la ley.
Suspenden gastos de representación a embajadores destituidos que siguen por la fuerza
Tegucigalpa. A los embajadores hondureños destituidos que aún están, por la fuerza, manejando los asuntos de las oficinas diplomáticas se les suspenderán los fondos por gastos de representación.
Esa información trascendió ayer luego de que varios embajadores destituidos procedieran a cambiar llavines de las oficinas para tener el control absoluto de esas representaciones, pese a haber sido cancelados.
La Cancillería suspendió a 16 diplomáticos por no obedecer los lineamientos del nuevo gobierno.
Algunos hasta podrían incurrir en el delito usurpación de funciones, abuso de autoridad y hasta malversación de fondos, pues se denunció que estos embajadores se han apoderado de los fondos que generan esas oficinas diplomáticas.
El Ministerio Público inició investigaciones desde la semana anterior.
Los gastos de representación son usados para cancelar el pago de alquiler de la oficina, pago de algunos empleados y de servicios públicos.
Algunas embajadas reciben hasta cinco mil dólares mensuales por ese concepto, dependiendo de su localidad en el mundo.