Este lunes se iba a llevar a cabo la repetición del juicio oral y público contra el ex viceministro de Salud, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, y el ex viceministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez; sin embargo, se reprogramó a partir del 12 al 20 de octubre próximo debido a una incapacidad médica de la defensa de uno de los imputados.
Ambos exfuncionarios son sospechosos de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
Por este caso, denominado “Coimas a viceministros”, desde el 3 de marzo de 2017 la Fiscalía había logrado un fallo de culpabilidad en contra del exdirector de ese centro asistencial, Mario Roberto Zelaya Rojas, así como para Montes Rodríguez y Pastor Velásquez, siendo posteriormente en fecha 6 de febrero de 2019 que se emitió la pena concreta de 16 años de reclusión.
El año anterior, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la sentencia condenatoria contra los ex viceministros y ordenó repetir el debate de juicio, quedando únicamente confirmada la condena contra Zelaya Rojas.
Tras la última determinación en los juzgados, el Ministerio Público aseguró que acreditará con 38 medios probatorios que los imputados recibieron a través de otras personas cantidades de dinero superiores a los 51 millones de lempiras a cambio de agilizar pagos a consecuencia de los contratos suscritos entre empresas privadas y el Seguro Social.
Según las Fiscalía, las operaciones financieras nacionales e internacionales que provocaron la incorporación de recursos de fuente ilícita al sistema bancario hondureño, comenzaron en el año 2011 a raíz de que Mario Zelaya solicitó millonarias coimas a la Compañía de Servicios Múltiples (COSEM) para que Javier Pastor y Carlos Montes, ambos miembros de la Comisión de Verificación del contrato denominado “Contratación de servicios profesionales de organización, digitación, automatización, sistematización de archivos y bases de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del Ihss”, les aligeraran los trámites y no les pusieran ninguna objeción al momento de efectuar los pagos; este contrato ascendió a L. 376,318,250.00 / $19,775.000.00
Lo anterior derivó en una serie de transacciones atípicas que, según el Ministerio Público, logró documentar pese a que los funcionarios públicos trataron de ocultar su origen ilícito, siendo beneficiado Mario Zelaya con $2,131,924.00, a través de pagos a las empresas C&M Motors ($28,200.00 a compañía constituida en Estados Unidos por su hermano Carlos Zelaya); Tour Operadora ($20,000.00 para compra de pasajes); Inversiones Novaterra ($513,040.00 para compra de inmuebles); Inversiones y Desarrollo Ética ($359,000.00 para compra de inmuebles); Mahony Title Land Service ($1,080,000.00 para compra de bienes en Estados Unidos); así como REASA ($5,684.00 para compra de vehículo); pagos a Mario Zelaya Palencia ($21,000.00); Vanessa Velásquez Lanza ($70,000.00) y a la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro ($35,000.00).
Por su lado, Javier Pastor recibió dádivas de $235,00.00 de las cuales $85,000.00 fueron en transferencias directas a su persona y $.50,000.00 a nombre de Mariscos Hybur, un negocio propiedad de la familia de la esposa, mientras que Carlos Montes se favoreció de forma ilegal con $150,000.00 que le fueron transferidos a través de un empresario residente en EEUU de nombre Carlos E. García (cuñado del encausado).
