Luego de que la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional recomendara ayer al pleno del Legislativo la destitución por la vía del Comisión Interventora del Ministerio Público sobre la gestión de estos dos funcionarios.
Sin embargo, Rubí interpuso la renuncia mientras que el fiscal general adjunto, Roy David Urtecho, lo haría en las próximas horas según trascendió.
Grave impunidad
Según los parlamentarios de esa comisión, que preside el diputado Mario Pérez, los fiscales cometieron “incumplimiento grave de las funciones, atribuciones y obligaciones que constitucionalmente le competen al órgano” .
Se considera que los dos funcionarios no ejercieron la acción penal pública en distintos casos en los que había razón para proceder, “causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población”.
Igualmente se les señala una falta de compromiso institucional para lograr una correcta coordinación con los distintos operadores de justicia, principalmente con la Secretaría de Seguridad.
Se consideró que el Ministerio Público no tiene un eficiente y eficaz trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) para lograr el esclarecimiento de crímenes.
Esta omisión de responsabilidades “ha generado pobres y deficientes investigaciones en las causas penales, derivando con ello en sentencias absolutorias incrementando la impunidad de los delitos cometidos contra la ciudadanía”, según el informe.
Los fiscales no cuentan con una política de protección pese a que tienen asignadas funciones de alto perfil de riesgo, como se advierte en documentos y por este tipo de falencias no se otorgó seguridad a Orlan Arturo Chávez, coordinador de la Unidad de Lavado de Activos, quien fue asesinado.
Desastre administrativo
La gestión de Rubí se caracterizó por una “administración inadecuada del presupuesto de la institución, destinándose la mayor parte de los recursos a gastos administrativos irrelevantes, y no al fortalecimiento de las acciones fiscales contra la persecución del delito”.
Sumado al desastre administrativo se considera que la Fiscalía General de la República se rigió por una falta de rendición de cuentas de los fondos ejecutados e inobservancia de las normas de ejecución presupuestaria vigentes, según los diputados de la Comisión de Seguridad.
Se realizaron, dice la Comisión, gastos “irrelevantes” en perjuicio de investigaciones de casos.
El informe de la Comisión Interventora presentada hace dos semanas apuntó que las autoridades del Ministerio Público cometieron un despilfarro en viáticos y que personal administrativo gana sueldos elevados mientras que algunos fiscales percibían salarios bajos, entre algunos hallazgos.
La Comisión Interventora comenzó su gestión el pasado 18 de abril para que en un plazo de 60 días hiciera una reestructuración de la institución. Luego el Congreso Nacional amplió ese plazo por otros 45 días.
Mientras dure la intervención del Ministerio Público, el fiscal general y el fiscal adjunto permanecen suspendidos de sus funciones, pero con goce de sueldo.
La segunda recomendación de la Comisión de Seguridad del Congreso es que se inicie una pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público para que pueda cumplir con sus funciones.
Informe de la comisión de seguridad
La Comisión Especial de Seguridad nombrada por la Junta Directiva del Congreso Nacional, a efecto de revisar los resultados y actuaciones de los distintos operadores de justicia, en relación al Ministerio Público (MP) nos pronunciamos de la siguiente manera:
PRIMERO: Visto y analizado el informe que presentara al Pleno del Congreso Nacional (CN), la Comisión Interventora, sobre los hallazgos encontrados a lo interno del Ministerio Público (MP), la comisión resalta los puntos siguientes:
a).- Incumplimiento grave de las funciones, atribuciones y obligaciones que constitucionalmente le competen al órgano y que están claramente descritas y señaladas en su ley orgánica, principalmente el ejercicio de la acción penal pública en relación a los hechos delictivos que se cometen en el país, causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población.
b).- Falta de compromiso institucional para lograr una correcta coordinación con los distintos operadores de justicia, principalmente con la Secretaría de Seguridad quien es su aliado natural en el combate e investigación del delito.
c).- Inexistencia de una eficiente y eficaz dirección técnico- jurídica con la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), lo que ha generado pobres y deficientes investigaciones en las causas penales, derivando con ello en sentencias absolutorias incrementando la impunidad de los delitos cometidos contra la ciudadanía.
d).- Administración inadecuada del presupuesto de la institución, destinándose la mayor parte de los recursos a gastos administrativos irrelevantes, y no al fortalecimiento de las acciones fiscales contra la persecución del delito.
e).- Falta de rendición de cuentas de los fondos ejecutados e inobservancia de las normas de ejecución presupuestaria vigentes.
f).- Ausencia de una política de protección y de seguridad a los agentes fiscales que tienen asignadas funciones de alto perfil de riesgo, a pesar de la existencia de varios informes que así lo detallan, siendo uno de estos casos el del fiscal asesinado Orlan Arturo Chávez coordinador de la Unidad de Lavado de Activos.
g).- Se constató una grave debilidad en la supervisión de fiscales, generando con ello la falta de control en el ejercicio fiscal, y una desvinculación con las fiscalías regionales y locales.
RECOMENDACIONES AL PLENO
Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión Especial de Seguridad al Pleno de la Cámara, hace las siguientes recomendaciones:
1.- La destitución por vía del juicio político del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, por ser los responsables del inadecuado manejo y administración de la institución.
2.- Iniciar la pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público (MP) que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que le establece la Constitución de la República y demás legislación nacional.
Datos
Figura El juicio político es una figura aprobada por el Congreso Nacional este año para separar a altos funcionarios públicos.
Supervisión Se constató una grave debilidad en la supervisión de fiscales, generando con ello la falta de control.
