Aunque la mayoría son cambios cosméticos, el Poder Ejecutivo realizó algunas modificaciones al anteproyecto de la Ley Marco de Telecomunicaciones que llegan entonar más las intenciones de una estricta regulación a los medios de comunicación en Honduras.
Pese a que varios sectores han señalado que las reformas llegan a violar la libertad de expresión, de prensa y la de pensamiento, el Gobierno insiste en la necesidad de llevar a cabo las reformas para un mejor funcionamiento de las telecomunicaciones en el país.
Entre los cambios sustanciales realizados en el ejecutivo antes de enviar al Congreso el anteproyecto, resalta la creación de servicios públicos comerciales y de interés público, los que podrán ser reglamentados desde Conatel.
El Gobierno reafirma que el contenido de las transmisiones en los distintos medios de comunicación, deben someterse a las regulaciones, parámetros y políticas, entre otras cosas, “las que de ninguna manera significan censura previa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar”.
Algunos cambios
Otro cambia aparentemente insignificante es en la distribución de los porcentajes, a los que se agrega un 5% a los servicios públicos comerciales, los que estarán obligados a contribuir con un aporte social por puntos de acceso, espacio de programación, facilidades de voz y datos. Ahora, ya no será Conatel la que cobre las tasas y demás sumas que deberán pagar los operadores de los sistemas de telecomunicaciones, como habían establecido. Conatel solo aplicará las tasas.
Y un nuevo capítulo ha sido creado al que han denominado responsabilidad por la difusión de mensajes, con el objetivo de proteger la dignidad de la persona humana, honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad, reputación y el acceso a una información oportuna. En este capítulo se pretende regular a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de libre recepción, difusión por cable y otros medios de divulgación y sus vinculados.
Prohibido arrendar
Entre las infracciones muy graves que considera el Ejecutivo, eliminaron del anteproyecto la promoción de la vulneración a la seguridad nacional y la guerra. Sin embargo, agregaron que son sanciones muy graves arrendar, ceder o transferir el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
A la Comisión reguladora le agregaron cuatro miembros, el secretario de Interior y Población, otro miembro más de la sociedad civil, un representante de radios comunitarias, uno de los gremios periodísticos y uno de los medios de comunicación.
Algunos nacionalistas se oponen
Tegucigalpa. “Según la declaración de los derechos universales del hombre se debe garantizar la libre expresión y emisión del pensamiento. El Partido Nacional no va a prestarse a una situación para violentar los derechos a la libre expresión y pensamiento”, dijo el diputado Oswaldo Ramos Soto,
dejando por sentado que no todos los nacionalistas apoyan reformas.
Al igual que él, el diputado Antonio Rivera Callejas dejó por sentada su postura. “No permitiremos ningún atentado a las garantías constitucionales a discutir. En reiteradas ocasiones he escuchado a Juan Orlando Hernández que defenderá la libertad de expresión y que esa ley no saldrá del Congreso igual que como entró”, dijo.
Por su lado, Leonel Giannini afirmó que “cualquier artículo o cosa que atente contra la libre emisión del pensamiento, libertad de expresión y libertad de prensa, son cosas que no se pueden apoyar”, afirmó el también diputado nacionalista.
Aline Flores, presidenta del Cohep: 'Siempre estaremos en contra de que se violente la libertad de expresión. La libertad llega hasta donde usted violenta la libertad de su prójimo; debe haber un respeto. Me entristece oír decir que hay un
monopolio”.
Elías Javier Chahín, Asociación de Radio y Televisión: 'Ninguna de nuestras propuestas y
garantías que exigimos para poder seguir laborando fueron tomadas en cuenta. Esta última propuesta fue la que se planteó al principio. Me alarma e indigna que no se toma en cuenta la opinión de los medios de comunicación”.
Alberto Solózarno, miembro Iglesia Evángélica: 'Nadie está de acuerdo con la expropiación, nadie está de acuerdo con coartar la libertad de expresión, pero sí estamos de acuerdo en que debe haber, aparte de libertad de expresión, oportunidad para expresión. Se han recogido las inquietudes”.
Carlos Ortiz, Asociación de Prensa Hondureña: 'La empresa privada está en alto riesgo en el país y por ende los periodistas, es lamentable la situación; no hay cambios sustanciales en el proyecto original con el proyecto que ha sido prácticamente terminado para ser enviado al Congreso Nacional”.
