El oficialismo propone una reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) para permitir que terceros reclamen el Documento Nacional de Identificación (DNI) aún pendiente de entrega en el extranjero, en especial Estados Unidos.
La iniciativa busca permitir que cualquier apoderado o representante legal debidamente acreditado pueda recibir el DNI o tramitar reclamos en nombre del titular en los consulados.
Se conoció que debido a las redadas en Estados Unidos, los hondureños están con temor de salir.
“La entrega de la tarjeta de identidad al titular, apoderado o representante legal debidamente acreditado para recibir y tramitar los reclamos correspondientes en su caso”, cita el proyecto ingresado el miércoles al Congreso Nacional.
La propuesta también contempla que: “El personal designado por la máxima autoridad del Registro Nacional de las Personas podrá custodiar y entregar el Documento Nacional de Identificación en la práctica”.
A seis meses de las elecciones generales, la iniciativa –leída por la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith– generó preocupación en sectores de la oposición, que advierten sobre un posible uso fraudulento de la reforma.
“La recolección de la identidad es personalísima. Si eliminamos esa obligación, Libre va a mandar a traer identidades en volquetas y con esas mismas volquetas van a llegar a votar personas que no les corresponden”, advirtió Yury Sabas, diputado del Partido Liberal.
“No se va a permitir, porque tenemos que garantizar que el proceso sea transparente”, afirmó Sabas.
Germán Lobo, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió que la propuesta podría facilitar el tráfico de documentos de identidad no reclamados.
“Hay posibilidad que haya un tráfico de identidades. No se sabrá a quién le reclamarán su identidad. El problema es que con esa propuesta de entregar el DNI a un tercero, se haga en este año electoral; eso no es recomendable”, indicó.
Defienden el polémico proyecto
Según datos de la Cancillería, hasta la fecha un total de 258,000 DNI aún no han sido reclamadas por sus titulares en varios consulados en el extranjero.
Para las elecciones generales, se estima que el censo electoral preliminar incluirá a unos 6.3 millones de hondureños habilitados para votar. De ese total, 5,942,179 residen en el país, mientras que 436,077 viven en el extranjero y también podrán ejercer el sufragio.
Desde el oficialismo se niega que el proyecto busque generar una estrategia de fraude electoral o propiciar el tráfico de identidades. Argumentan que lo único que se pretende es agilizar el proceso de entrega.
“El espíritu del proyecto de decreto es precisamente generar mejores condiciones para las personas, para los titulares de los DNI, poder evitar la erogación de gastos económicos en cuanto a poderes de representación y, por supuesto, garantizar la entrega a través de la biometría”, señaló Luz Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional.
Reiteró que: “Precisamente eso es de lo que ha estado haciendo uso el Registro de las Personas. Ha sido un proyecto de decreto que ha sido consensuado, que ha sido debidamente socializado y, en su momento, se estará dando a conocer a través de los comisionados del RNP”.
Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, manifestó que "la incidencia en las elecciones generales de los ciudadanos que votan en los consulados es baja, no define un proceso electoral. Sin embargo, son derechos de ciudadanos que dan el pulmón, dan su vida y mandan sus remesas a este país para sostener a su familia y la economía, y claro que son un sector de la población importante para Honduras".
Sarmiento señaló no tener mayores detalles del proyecto y dijo que “cualquier duda que exista con los DNI debe esclarecerse a través del Registro”.
