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Cumpliendo las órdenes libradas por autoridades judiciales, un contingente de efectivos policiales y del Ejército desalojó ayer tres fincas en el Bajo Aguán.
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Las parcelas recuperadas son Bolero 1 y 2 y la 27. En el desalojo que empezó a las seis de la mañana no hubo capturados ni decomiso de armas porque las personas que tenían en su poder las tierras dejaron las covachas abandonadas.
El contingente de militares, policías y del escuadrón Cobra se reunió en el 15 Batallón de las Fuerzas Armadas con sede en esa zona, de donde partieron para hacer efectivas las órdenes de desalojo que giró el Juzgado de Letras de Trujillo.
Al llegar al lugar, los policías y militares se diseminaron por las entradas de las tres fincas.
Los uniformados se desplazaron con cautela por la zona y revisaron todas las fincas en busca de los individuos armados que, se suponía, podrían estar escondidos entre las palmas y la vegetación.
Al hacer el registro en las covachas hechas por los invasores, corroboraron que estaban vacías. La zona fue rastreada por completo y en dos horas los elementos militares y policiales tomaron el control del sitio.
Mientras la Policía y el Ejército resguardaban el sector, los propietarios de las tierras desplazaban elementos de seguridad para tomar controlarlo.
“Se están cumpliendo las órdenes de desalojo emitidas por los juzgados de Trujillo. Se ha logrado recuperar varias hectáreas de tierra tomadas por algunos grupos. No se encontró presencia de ninguno de los campesinos ni armamento.
Es un logro que no se presentaran incidentes, pero se evacuarán las órdenes que librarán los tribunales”, explicó el subcomisario Alex Madrid, vocero de la Operación Tumbador.
Las autoridades indicaron que los desalojos continuarán y se espera que estas acciones devuelvan la tranquilidad en la zona, sobre todo porque empezará el proceso de identificación de los beneficiarios que tomarán posesión de seis fincas que el Gobierno adjudicó a los grupos campesinos en la zona.
Llega comisión
Para constatar las acciones de la Fuerza de Tarea de la Operación Tumbador se desplazaron ayer a la zona la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Ana Pineda, la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, y el representante de Casa Alianza en el país Manuel Capellín.
Los visitantes hicieron varias visitas. La primera fue el recorrido por las instalaciones del INA, donde tuvieron un diálogo con miembros del sindicato para conocer los detalles de la intervención que el Gobierno ha hecho desde días atrás.
“Estamos aquí constatando las acciones llevadas a cabo en la intervención del INA y conociendo el conflicto, pero no hemos encontrado mayores problemas. Nos satisface y hemos visto la anuencia de los empleados que, a pesar de que fueron suspendidos hasta segunda orden, se han mantenido afuera de las instalaciones, esperando que la situación se normalice. Le informaremos al presidente Lobo lo que aquí acontece”, señaló Ana Pineda, ministra de Derechos Humanos.
La fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, indicó que la prioridad en este momento es investigar muertes de campesinos originadas por el conflicto agrario.
“Estamos verificando el avance de las investigaciones para individualizar a los responsables de la muerte de los cinco campesinos que tuvieron lugar el pasado 16 de noviembre.
Además se hará un seguimiento de los resultados de las investigaciones de las muertes que se suscitaron en meses pasados.
La investigación abarca cuál es el contexto en que ocurren estas muertes y los factores que pueden incidir. Hemos constatado que es un conflicto que no es adecuadamente gestionado.
Queremos ver la finalidad de la tarea conjunta que aquí se encuentra. Lo importante es no abandonar el diálogo y ayudar a garantizar la seguridad y no entorpecer los proyectos que los campesinos tienen en curso”, explicó Ponce.
Ambas representantes se reunieron ayer con las autoridades que coordinan las acciones de la Operación Tumbador, que desde hace casi quince días mantiene el control en el sector.
