Tegucigalpa, Honduras.
Alegando que se les hizo la “ cancelación de la Policía Nacional sin que la Comisión les haya hecho un debido proceso y les haya presentado un informe de las faltas o delitos cometidos”, al menos 15 altos oficiales separados introdujeron ayer una demanda en la que exigen el reintegro a sus labores.
Los comisionados y subcomisionados que presentaron la demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo son Henry Vicente Osorto Canales, Daniel Omar Matamoros Ávila, Erick Naval García Canales, Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Rony Martín Flores Díaz, Ariel Ernesto Padilla Mejía, Óscar Alexis Sosa Martínez, Darwin Ismael García Núñez, Roberto Carlos Ortega Aguilar, Denis Orlando Erazo Paz y Darwin Arturo Durón, Elvin Constantino López Orellana y Andrés Adelino Fúnez Espinoza.
Marvin Cálix, apoderado legal de los comisionados y subcomisionados, explicó que la demanda es en materia personal para nulidad de un acto administrativo, de manera que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de sus cargos, dijo a medios capitalinos.
Los oficiales separados o suspendidos piden que como medida de los derechos se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro a sus puestos de trabajo. Además a título de daños y perjuicio el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto, décimo tercero y ascenso a la escala inmediata desde la fecha de cancelación hasta la ejecución de la sentencia.
“Estamos presentando demanda ante lo contencioso administrativo en vista de que la misma Secretaría de Seguridad en su notificación a los oficiales les establece que tienen agotados los recursos administrativos”, explicó Cálix.
A dos meses de su nombramiento, la Comisión de Depuración integrada por Vilma Morales, Omar Rivera, Alberto Solórzano y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, han cancelado a 106 oficiales, entre ellos cinco directores generales, 27 comisionados, 36 subcomisionados y 38 comisarios.
Dicha cantidad representa el 40% de los 272 elementos oficiales evaluados en un proceso que empezó de arriba hacia abajo.
Por el momento están en evaluación 157 expedientes de igual número de subcomisarios.
En el pasado, Omar Rivera, comisionado depurador, afirmó que “se está evaluando a los integrantes de la carrera policial de ‘arriba hacia abajo’ a fin de garantizar que -en primera instancia- la Policía Nacional cuente con un nuevo liderazgo para propiciar la tan ansiada transformación de tan importante entidad del Estado”.
“La efectividad de este proceso de profilaxis policial tiene relación directa con habilitar para que sigan en la institución a los altos oficiales idóneos y dignos de confianza, para que generen los cambios que garanticen un desempeño eficiente a las unidades encargadas de combatir al crimen organizado y la delincuencia común”, expresó el dirigente de sociedad civil.
Sin embargo, Rivera advirtió que “los generales, comisionados y subcomisionados ‘ratificados’ serán sometidos a un proceso de certificación externa.
Alegando que se les hizo la “ cancelación de la Policía Nacional sin que la Comisión les haya hecho un debido proceso y les haya presentado un informe de las faltas o delitos cometidos”, al menos 15 altos oficiales separados introdujeron ayer una demanda en la que exigen el reintegro a sus labores.
Los comisionados y subcomisionados que presentaron la demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo son Henry Vicente Osorto Canales, Daniel Omar Matamoros Ávila, Erick Naval García Canales, Wilmer Eduardo Suazo Aguilera, Rony Martín Flores Díaz, Ariel Ernesto Padilla Mejía, Óscar Alexis Sosa Martínez, Darwin Ismael García Núñez, Roberto Carlos Ortega Aguilar, Denis Orlando Erazo Paz y Darwin Arturo Durón, Elvin Constantino López Orellana y Andrés Adelino Fúnez Espinoza.
Marvin Cálix, apoderado legal de los comisionados y subcomisionados, explicó que la demanda es en materia personal para nulidad de un acto administrativo, de manera que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de sus cargos, dijo a medios capitalinos.
Los oficiales separados o suspendidos piden que como medida de los derechos se ordene mediante sentencia definitiva el reintegro a sus puestos de trabajo. Además a título de daños y perjuicio el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto, décimo tercero y ascenso a la escala inmediata desde la fecha de cancelación hasta la ejecución de la sentencia.
“Estamos presentando demanda ante lo contencioso administrativo en vista de que la misma Secretaría de Seguridad en su notificación a los oficiales les establece que tienen agotados los recursos administrativos”, explicó Cálix.
A dos meses de su nombramiento, la Comisión de Depuración integrada por Vilma Morales, Omar Rivera, Alberto Solórzano y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, han cancelado a 106 oficiales, entre ellos cinco directores generales, 27 comisionados, 36 subcomisionados y 38 comisarios.
Dicha cantidad representa el 40% de los 272 elementos oficiales evaluados en un proceso que empezó de arriba hacia abajo.
Por el momento están en evaluación 157 expedientes de igual número de subcomisarios.
En el pasado, Omar Rivera, comisionado depurador, afirmó que “se está evaluando a los integrantes de la carrera policial de ‘arriba hacia abajo’ a fin de garantizar que -en primera instancia- la Policía Nacional cuente con un nuevo liderazgo para propiciar la tan ansiada transformación de tan importante entidad del Estado”.
“La efectividad de este proceso de profilaxis policial tiene relación directa con habilitar para que sigan en la institución a los altos oficiales idóneos y dignos de confianza, para que generen los cambios que garanticen un desempeño eficiente a las unidades encargadas de combatir al crimen organizado y la delincuencia común”, expresó el dirigente de sociedad civil.
Sin embargo, Rivera advirtió que “los generales, comisionados y subcomisionados ‘ratificados’ serán sometidos a un proceso de certificación externa.
