Ayer, miércoles, 15 de junio de 2022, fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto que otorga autonomía a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) y que permitirá que acceda a documentación relacionada a investigaciones sobre actos de corrupción en el país.
El decreto fue impulsado en las últimas semanas en el Congreso Nacional, fragmentando a las bancadas por su aprobación. Libre, partido gobernante y bancada mayoritaria en el legislativo, promovió el mismo. El partido Nacional, segundo en masa de diputados, mostró su posición contraria.
Aunque fue publicado ayer en la versión impresa, hoy se verá reflejado en la versión digital del diario oficial de Honduras.
DEBATE Y POLÉMICA
El fiscal de la Uferco, Luis Javier Santos, justificó que el decreto aprobado por el Congreso Nacional solamente da la facultad de poder realizar investigaciones y presentarla ante los tribunales, sin pasar por filtros que hasta ahora detienen los casos.
La determinación de otorgarle independencia a la unidad contra la corrupción ha sido catalogada como ilegal e inconstitucional por algunos sectores de la sociedad civil. A criterio del analista Jorge Yllescas, la autonomía a la Uferco vulnera la institucionalidad del MP.“Que la Uferco sea independiente no es correcto. Yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad y esperar la elección de un nuevo fiscal”. Aseguró que esta determinación “crea anarquía en cuanto al combate a la corrupción”.
CLAVES
1. El 20 de enero de 2020, a través del acuerdo No. FGR-001-2020, el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla aprobó la creación de la Uferco.
2. Esta dependencia adscrita a la Dirección General de Fiscalía tiene entre sus atribuciones investigar los casos que le sean asignados en asuntos de competencia, aportar los elementos de prueba y sustentar la acusación en juicio, presentar apelaciones y casaciones ante los órganos jurisdiccionales.
Rafael Canales, titular del Colegio de Abogados de Honduras, dijo que “la Uferco siempre debe de estar bajo la jerarquía del Ministerio Público, nos guste o no nos guste, porque esa es la institucionalidad que tenemos”.
Keneth Madrid, representante de la sociedad civil, reprochó la aprobación del polémico decreto. “No es la vía de lucha contra la corrupción. Deben buscarse mecanismos constitucionales que le den a los fiscales independencia para ejercer sus actividades”.
