El Congreso de
Honduras
aprobó la noche del miércoles un polémico proyecto de Zonas Especiales de Desarrollo, más conocido como 'ciudades modelo', que ya había sido declarado inconstitucional y fue uno de los motivos por los que el Poder Legislativo destituyó a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia dando lugar a la crisis política más intensa que ha vivido el país desde el golpe de Estado de 2009.
El proyecto presentado por Rodolfo Irías, diputado del Partido Nacional, 'recoge las modificaciones necesarias para incorporar los supuestos expresados por la sentencia constitucional e implica la modificación de varios artículos de la Constitución de
Honduras
en lo que se refiere a la organización territorial del Estado y el poder judicial', según el legislador, pero también continúa
refiriéndose a 'zonas sujetas a un régimen jurídico especial, con autonomía administrativa y sometida a referéndum o plebiscito con ciertas excepcionalidades'.
La propuesta se aprobó con 110 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones.
El abogado Óscar Cruz, ex fiscal de defensa de la Constitución y responsable del recurso que consiguió la inconstitucionalidad de la ley anterior, opinó que el proyecto actual 'no es lo mismo, es peor. Ha cambiado su formulación nominal, pero el proyecto es el mismo, es la misma violación constitucional que viola la organización territorial del Estado, la forma de gobierno, el marco jurisdiccional del país y los derechos fundamentales de los habitantes. No se decretan límites de aplicación de las zonas, ni territorial ni jurídico, choca con artículos constitucionales fundamentales, como por ejemplo, el que prohíbe que costas y territorios fronterizos estén en manos de extranjeros'.
Las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) fueron definidas como 'una maquila de última generación' por uno de sus principales impulsores, el presidente del Congreso y candidato presidencial Juan Orlando Hernández, o una 'zona libre 2.0' por Michael Strong, responsable de MGK, el grupo de inversores estadounidenses que pretendía comenzar a
desarrollarlas en 2012 antes de que el proyecto se paralizase por su inconstitucionalidad.
Entre los argumentos expuestos en la sentencia, los magistrados constitucionales sostuvieron que 'las inversiones extranjeras que se espera captar implican para el Estado de
Honduras
enajenar el territorio nacional lo que expresamente prohíbe nuestra Constitución' ya que su construcción significaría que 'se habrá privatizado el Estado de
Honduras
y por tanto habrá desaparecido como tal para dar paso a una gran corporación mercantil'.
Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, declaró al inicio del segundo y exitoso intento de aprobación de la ley que para el diseño de estas zonas 'seguimos grandes ejemplos que existen en el mundo sobre cómo potenciar ciertas zonas, sea para centros financieros, distritos agroindustriales, distritos de generación eléctrica, zonas adyacentes a puertos y aeropuertos, la zona sur del país, donde Corea del Sur tiene mucho interés en diseñar un régimen o un distrito que nos potenciaría en la región'.
German
Leitzelar, diputado por Tegucigalpa, opinó que 'no se pueden crear regímenes jurisdiccionales especiales como las concesiones de las compañías bananeras y mineras del pasado'.
El diputado señaló que hay al menos 25 inconsistencias constitucionales en la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo.
El pasado diciembre, cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por el Congreso debido a su posición sobre ésta y otras leyes, como la de depuración policial, en un movimiento que analistas y expertos legales calificaron de atentado con la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial que ha sido elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, y el presidente de la República, Porfirio Lobo, han declarado en múltiples ocasiones que los magistrados atentaban contra el interés nacional por sus decisiones contrarias al gobierno, entre las que se encontraba la inconstitucionalidad de este proyecto de las 'ciudades modelo'.
