Tras la ratificación del Congreso Nacional de Óscar Manuel Arita Aguilar y de Eduardo Villanueva como director y director adjunto de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, DIECP, el siguiente paso en la carrera por la depuración policial no van directamente sobre la separación de los uniformados vinculados al crimen organizado sino que van en torno al funcionamiento del nuevo organismo.
El mismo abogado Arita Aguilar reconoció durante la audiencia de ayer ante el Consejo Nacional de Seguridad Interior, Porfirio Lobo, que el primero paso sería determinar con claridad el marco jurídico que van a estar sustentadas las acciones de la DIECP 'porque existen algunas incompatibilidades entre lo que es la ley orgánica de la Policía Nacional y el decreto 198-11 que da vida a esa dirección'.
Arita Aguilar señalaba que en referencia al régimen de despido, el decreto que da vida a la DIECP habla de que un oficio librado a la Secretaría de Seguridad por la dirección es vinculante para que de inmediato proceda a la cancelación del acuerdo del servidor policía. Sin embargo, por otro lado los artículos del 127 al 132 de la ley Orgánica de la Policía Nacional -actualmente vigentes- hablan de un procedimiento de defensa y de descargo de los servidores policiales que si no se siguen, pueden impedir la cancelación.
Por su parte, la ex comisionada de Policía, María Luisa Borjas, explicó también que se debe pensar en el tema de selección del personal que deberá acompañar la misión de dos directores, así como el tema de los fondos que se le den a la institución para lograr su cometido. 'Debido a la naturaleza compleja de los casos que se van a tratar por aporte de este organismo, es necesario que se haga una selección muy detallada del personal que va a acompañar a los directores, que en últimas sólo van a tener la labor de dirigir las acciones que se tomen, pero no van a realizar las labores de campo', dijo Borjas.
Si no hay recursos no van a lograr resultados positivos
El exfiscal general, Edmundo Orellana Mercado, aseguró que si los dos miembros que estarán al frente de la Director General de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, no tienen los recursos, no van a lograr resultados positivos.
'Nosotros hemos visto como se ha estado postergando este deber fundamental que tiene el Gobierno, habrá que preguntarse si le van a dar los recursos financieros, los recursos materiales, que acuerdos hay con la cooperación internacional para que dé apoyo a este organismo; hasta la fecha entiendo no ha habido ningún avance en relación a concretar convenios de cooperación para este organismo en especial porque va a partir de cero.
Orellana Mercado explicó que van a tener que iniciar un programa de capacitación para el personal, van a tener que agenciarse de los instrumentos necesarios para toda esta labor de investigación y supervisión en materia de personal. 'Fundamentalmente deben investigar aquella conducta irregular de los miembros de la policía y fundamentalmente ver el tema del enriquecimiento ilícito', agregó.
Para el exfuncionario también 'deberán pedir la colaboración del Tribunal Superior de Cuenta para que investigue a cada uno de los oficiales de la Policía y de los generales para abajo para identificar cuáles son sus bienes y si el origen de sus bienes es lícito, por que de no hacerlo, de nada sirve que ellos estén ahí haciendo el compromiso y la buena voluntad porque no van a lograr resultados positivos'.
También calificó a los nominados como personas solventes moralemente y profesionalmente.
Según Orellana el pueblo hondureño está esperando que ellos lleguen al fondo en el tema de la depuración policial.
Otros sectores señalan también que con tan sólo 50 millones de lemprias aprobados como presupuesto para la institución, y ante la importancia de la labor que se encomienda, se debe incrementar el presupuesto operativo.
Bajo ese panorama, los primero resultados de la institución, creada de manera independiente y en reemplazo de Departamento de Asunto Internos de la Policía Nacional, pueden esperar; aunque los nombramientos de Arita Y Villanueva sólo sean por tres años y la exigencia de los hondureños demande resultados inmediatos.
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