Un total de 504 privados de libertad fueron trasladados a un nuevo recinto en Centro Penitenciario Nacional de Támara. Antes ocupaban el módulo Procesados 1, donde había habitaciones VIP, discotecas, burdeles, negocios, carnicerías y palenques para peleas de gallos.
En diseño, este nuevo espacio recuerda a una versión reducida del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Cuenta con unas 28 celdas, cada una con capacidad para 36 internos, albergando en total a 1,008 personas privadas de libertad.
El traslado se efectuó el 27 de mayo. Desde entonces, la mayoría de los privados de libertad manifiesta inconformidad: “Aquí es como estar en máxima, queremos ventiladores, nos dan agua sucia, nos estamos enfermando, no hay medicamento, queremos mejor alimentación”.
El área habitada comprende 14 celdas, distribuidas en dos bloques de siete, con un pasillo central por donde circulan los custodios, quienes controlan las llaves de cada bartolina. Todos los movimientos son vigilados desde un centro de monitoreo 24/7.
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) han reiterado que este es un módulo de mínima seguridad, con mayores libertades en comparación con los espacios de media y máxima seguridad. Sin embargo, los internos aseguran que las condiciones no lo reflejan.
En el nuevo módulo Sentenciados 1, no hay acceso a energía eléctrica, televisión por cable o internet, ni libertad de circulación o posibilidades de establecer negocios o habitaciones de lujo.
“No nos han dado nada, no hay kit de aseo, ni agua para beber tenemos, el agua que tenemos es de la pila pero está contaminada, mire como estamos llenos de alergia y no hay ni medicamento”, expresaron en coro varios internos, mostrando recipientes con agua turbia y erupciones en la piel.
“Nosotros más bien estábamos en rehabilitación allá, en los talleres de carpintería, pero todo ha quedado botado, nosotros teníamos trabajos de gente de afuera que nos habían encargado y estamos quedando mal”, agregó otro.
“Aquí hay personas que hacíamos hamacas para poder tener un sustento... ahora no podemos hacer nada”, apuntó un interno. Otros reclaman el derecho a realizar llamadas, añadiendo que hace una semana no se comunican con sus familias y piden energía eléctrica para usar las máquinas de cortar pelo.
“Estos baños no sirven, dígale a los militares que los dejen entrar para que vean”, expresaron. Otro de ellos puntualizó: “Aquí estamos como en las calderas del diablo, estamos peores que esos asesinos... los coroneles nos dicen que es mínima, pero estamos como en máxima seguridad”.
Un interno se quejó de la alimentación: “Aquí solo arroz, frijoles y tortilla nos están dando y nos están dando agua sucia, ya han llevado como 20 personas al médico porque se han enfermado”.
Uno de los privados de libertad al momento de entrar al módulo mostró un plato con frijoles cocidos, un huevo duro y dos tortillas, afirmando que solo esto es lo que les están dando de comida.
No obstante, antes de las 12:00 del mediodía, unas carretas empujadas por privados de libertad llegaron con ollas, en una llevaban arroz blanco, en otro sopa de frijoles con carne de cerdo y en otra una paila de tortillas.
Julio César Ramírez, de 29 años, recluido por facilitación de medios de transporte para drogas, manifestó que estaban mejor en el módulo anterior, donde había más oportunidades de trabajo y creación.
Internos afirmaron que antes tenían televisores con cable, podían realizar llamadas y comprar comida. Negaron haber tenido acceso a drogas o discotecas, aunque admitieron haber celebrado el Día de la Madre con actividades internas.
Personal que trabajó en la construcción aseguró que los servicios fueron instalados correctamente y que son mejores que los del módulo anterior, pero afirman que los mismos internos los dañan como forma de presión.
El coronel Kalter Medina, director del centro, explicó que las medidas buscan controlar mejor a los internos y evitar ilícitos como la extorsión. Aseguró que se están abasteciendo con pilas de 10,000 galones en horarios programados.
También dijo que están construyendo las áreas de recreación y que los nuevos módulos eliminan privilegios: “Todos están en las mismas condiciones y en condiciones adecuadas”. Respecto a las llamadas, indicó que están trabajando en instalar sistemas para permitir la comunicación con familiares.
El general Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la comisión interventora del INP, afirmó: “No es posible que estructuras criminales no nos dejen realizar nuestro trabajo. Eso se acabó”
Hugo Maldonado, presidente del Codeh, sostuvo que los módulos tienen elementos positivos en seguridad, pero que “hace falta el kit de aseo, el colchón y la llamada telefónica... muchos lo que más quieren es saber de sus familias”.
Advirtió que muchos privados de libertad no conocen su condición jurídica y que el sistema de justicia debe trabajar para descongestionar el sistema, que actualmente alberga a 19,500 personas.
