Redacción.
El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado sancionó este martes la Ley de Juicios Virtuales y Grilletes Electrónicos, informó el propio mandatario en su cuenta oficial de Twitter.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado 27 de septiembre un paquete de reformas penales enviado por el Ejecutivo, que permitirá celebrar juicios virtuales desde las cárceles y que los presos usen grilletes electrónicos para evitar su fuga.
El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado sancionó este martes la Ley de Juicios Virtuales y Grilletes Electrónicos, informó el propio mandatario en su cuenta oficial de Twitter.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado 27 de septiembre un paquete de reformas penales enviado por el Ejecutivo, que permitirá celebrar juicios virtuales desde las cárceles y que los presos usen grilletes electrónicos para evitar su fuga.
Para el presidente de la República esta acción permitirá 'mayor seguridad, inmediatez y clasificación de los privados de libertad'.
El sistema de vigilancia electrónica será impuesto por mandato judicial y los imputados o condenados beneficiados con esa medida están obligados a informar al juez sobre su domicilio, según la reforma.
Señala que los jueces serán los encargados de evaluar si se le puede conceder este beneficio a determinado preso, y si solo se le permite mantenerse dentro de su vivienda o tendrá la posibilidad de salir a trabajar, según explicó el Congreso Nacional.
El Instituto Nacional Penitenciario será el ente responsable de implementar y ejecutar la vigilancia electrónica personal, la cual se aplicará de forma progresiva, añadió.
Los dispositivos de vigilancia tendrá un sistema que impedirá que su portador pueda quitárselo o manipularlo, y si lo intenta 'se disparará una alarma', lo que permitirá que las autoridades puedan localizarlo y detenerlo, según la reforma.
En Honduras la población penal es de 17.712 internos, 8.302 de ellos condenados que están en cárceles con problemas de hacinamiento, según cifras oficiales.
De acuerdo con el poder Ejecutivo, las medidas aprobadas por el Legislativo contribuirán a reducir los costes de reclusión, los riesgos de traslado de reos y permitirá rastrear a los presos acogidos al beneficio de vigilancia electrónica, así como evitar su fuga.
