El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati Larach, denunció este martes la violencia económica que sufren los medios de comunicación y que está arrastrando a un estado de indefensión, con graves consecuencias para la vida democrática de la región.
Canahuati Larach, CEO de Grupo Opsa, editora de los diarios La Prensa y El Heraldo en Honduras, participó este martes, Día de la Libertad de Prensa, en un panel que se desarrolla en esta ciudad, en el marco de un ciclo de conferencias que ha invitado la Unesco.
“En nuestra reciente reunión semestral abundamos sobre cómo se agravó la violencia física contra la libertad de prensa, y sin duda, ese es nuestro mayor desafío. Existe la violencia económica directa, que es el robo por parte de gobiernos de los diarios La Prensa de Nicaragua y de El Nacional de Venezuela, son ejemplos palpables, y aunque no son los únicos casos, son los más recientes”, dijo durante el desarrollo del panel “Viabilidad de los Medios de Comunicación en América Latina y el Caribe: seguimiento a Windhoek +30”.
“También en muchos países, como en Estados Unidos, los medios han enfrentado un alto número de demandas por difamación, lo que ha obligado a muchos estados a promulgar protecciones legales para desestimar litigios costosos y sin mérito. En Brasil se calcula que en los últimos años más de 5,000 periodistas y empresas periodísticas han sido blanco de demandas, obligados a pagar grandes cifras de dinero, generándose un efecto en cascada de autocensura”, refirió Canahuati Larach.
Lamentó también que “más allá de esa violencia económica directa, hay otra aún más sutil que va en detrimento de la salud económica de un medio, salud necesaria para operar, para fiscalizar al poder público y privado”.
A su consideración, los cambios en la tecnología, al tiempo que aumentaron el alcance de los medios periodísticos, han generado enormes disparidades económicas con las plataformas digitales globales, poniendo bajo enorme presión la viabilidad financiera de los medios.
“Nos agradan las expresiones de las Naciones Unidas y la Unesco que han mostrado su preocupación sobre la viabilidad de los medios”, apuntó el presidente de la SIP, citando seguidamente a lo expresado por la Declaración de Windhoek + 30 de la Unesco, que indica que “la sostenibilidad económica es un requisito previo clave para su independencia”, pidiendo a las compañías digitales que apoyen a los medios a través de acuerdos de asociación inclusiva y medidas financieras.
“Si bien reconocemos en nuestra industria que la crisis económica, agravada por la pandemia, tiene que ver con el proceso dilatado de la transformación digital, el mayor problema que enfrentamos tiene que ver principalmente con la migración de los ingresos por publicidad que fueron absorbidos por las grandes plataformas digitales”, especificó el empresario de medios de comunicación.
A raíz de lo anterior, según señaló Canahuati, la SIP y más de una veintena de organizaciones de medios de nivel global y regional están reclamando a las plataformas digitales que ayuden a remediar esta situación, por lo se continúa demandando que los medios reciban una retribución justa, razonable y universal por los contenidos que las grandes plataformas distribuyen y moneticen como parte de su estrategia de publicidad digital, así como por los beneficios directos e indirectos que obtienen de ellos.
El empresario sugirió acuerdos directos de las plataformas con los medios, reconociendo el derecho de autor de los creadores y productores de contenidos, así también mediante la adopción de políticas públicas como el Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales de Australia aprobado en febrero de 2021. Los acuerdos logrados por ese código de negociación obligatoria implicó mejores beneficios para los medios por parte de las plataformas de los que obtenían antes de esa ley.
“Reconocemos que las plataformas tienen programas de apoyo a los medios. En varios países están pagando licencias por el uso de contenidos, pero creemos que no son suficientes”, subrayó.
“Debemos advertir que la crisis económica ha generado grandes desiertos informativos con serias consecuencias para países como Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá y Estados Unidos, y existen grandes territorios que se han quedado sin periodismo local, debido, principalmente, a que la publicidad, el máximo ingreso del pasado, se ha esfumado”, sostuvo.
Canahuati recordó que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue enfático en señalar este peligro, al tiempo que advirtió sobre la “extinción de medios” e instó a las sociedades y los gobiernos a defender al periodismo independiente como “bien esencial público” de las sociedades.
“En la SIP sostenemos que la sostenibilidad del periodismo, un bien público como lo define ahora la Unesco, es un bien del estado democrático, responsabilidad que no puede evadir ningún gobierno”, arguyó.
Recomendó también, que más allá del apoyo a iniciativas sobre remuneración de contenidos a quienes los producen y crean, los gobiernos deben debatir y adoptar políticas públicas que garanticen la supervivencia del periodismo, ya sea mediante incentivos fiscales directos a la producción de periodismo o incentivos a las audiencias para que se suscriban y apoyen al periodismo, o a los anunciantes para que inserten publicidad en los medios.
“Reclamamos que esas políticas públicas gubernamentales deben ser transparentes, no discriminatorias y que no afectan la autonomía editorial de los medios. En nuestras Américas tenemos la vieja práctica del uso discriminatorio de la publicidad oficial, por lo que debemos alejarnos de esos vicios y pecados si queremos construir medios independientes y robustos”, destacó.
“Creemos que los medios, las plataformas, los gobiernos, las audiencias, todos... todos tenemos la responsabilidad de asegurar la viabilidad y permanencia del periodismo independiente. Nuestra industria es esencial para el desarrollo de los pueblos y el bien común”, concluyó.
