Representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea (UE) y los Gobiernos de Guatemala, Honduras, México y El Salvador presentaron los resultados del “Proyecto de Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica”, financiado por la UE e implementado desde 2021 en respuesta a la pandemia del COVID-19.
La iniciativa, que se desarrolló en 45 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, benefició a más de 4,300 personas, de las cuales el 53% son mujeres, el 35% son jóvenes y el 50% pertenecen a comunidades indígenas.
Las acciones se enfocaron en mejorar las competencias en agricultura sostenible y desarrollo de negocios, lo que permitió a más de 2,700 participantes fortalecer sus habilidades empresariales.
El proyecto promovió la agricultura adaptada al cambio climático, la inclusión financiera y la creación de empleo, tanto agrícola como no agrícola. Entre los rubros impulsados destacan el cultivo de hortalizas, frutales, ganadería, apicultura y pesca, así como el desarrollo de emprendimientos en áreas no agrícolas como la panadería, carpintería y turismo.
Adoniram Sanches Peraci, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, destacó que el proyecto ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias beneficiadas, además de reducir la intención de migrar, especialmente entre los hogares liderados por jóvenes. “Este proyecto ofrece una alternativa económica viable, brindando nuevas esperanzas a través de los emprendimientos y generando expectativas de vida más estables en las comunidades”, señaló.
Seguridad alimentaria de los hogares
Por su parte, Cristina Marín, jefa de cooperación de la UE en Honduras, subrayó el compromiso de la Unión Europea con la modernización del Acuerdo Global UE-México y la cooperación regional, enfatizando la importancia de este tipo de proyectos para el desarrollo sostenible y la reducción de la migración forzada en el Corredor Seco centroamericano.
Durante el evento, las autoridades coincidieron en que el acceso a empleo digno y productivo es clave para mitigar el riesgo de la migración en las zonas vulnerables. Asimismo, los informes presentados revelaron mejoras significativas en la seguridad alimentaria de los hogares beneficiados, especialmente aquellos liderados por mujeres, quienes han superado en mayor proporción la inseguridad alimentaria grave.
El proyecto ha demostrado ser un ejemplo exitoso de cooperación internacional y una respuesta efectiva a los desafíos socioeconómicos exacerbados por la pandemia de COVID-19.
