La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de la repetición del juicio oral y público contra los ex viceministros de Salud, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, y Trabajo y Seguridad Social, Carlos Montes Rodríguez, a quienes en noviembre pasado se les condenó por cohecho pasivo impropio, pero se les absolvió por lavado de activos en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
Dicha impugnación se fundamenta en el hecho que a criterio del Ministerio Público existe una violación, interpretación errónea y aplicación indebida a la norma en cuanto al tipo penal de lavado de activos.
A ello se suma que, para el ente fiscal, el Tribunal de Sentencia del circuito anticorrupción emitió un fallo no apegado a derecho y que carece racionalidad ante la falta de valoración de la prueba.
Por este caso denominado “Coimas a viceministros”, desde el 3 de marzo de 2017, la Fiscalía había logrado un fallo de culpabilidad por cohecho y lavado en contra del exdirector de ese centro asistencial, Mario Roberto Zelaya Rojas, así como contra Montes Rodríguez y Pastor Velásquez, siendo posteriormente en fecha 6 de febrero de 2019 cuando se dictó una pena concreta de 16 años de reclusión; no obstante, en una decisión que el MP catalogó como poco acertada, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el año anterior, anuló la referida sentencia condenatoria contra los ex viceministros y ordenó repetir su juicio, quedando únicamente confirmada la condena contra Zelaya Rojas.
El equipo fiscal de nuevo, llevó al juicio, entre octubre y noviembre de 2021, 38 medios probatorios para acreditar que los imputados recibieron por sí y a través de otras personas grandes cantidades de dinero a cambio de agilizar pagos a consecuencia de los contratos suscritos entre empresas privadas y el Ihss.
Tales operaciones financieras nacionales e internacionales que provocaron la incorporación de recursos “de fuente ilícita” al sistema bancario hondureño y superaron los 51 millones de lempiras, comenzaron en el año 2011 a raíz de que Mario Zelaya solicitó millonarias coimas a la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem) para que Javier Pastor y Carlos Montes, ambos miembros de la Comisión de Verificación del contrato denominado “Contratación de servicios profesionales de organización, digitación, automatización, sistematización de archivos y bases de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del Ihss”, les aligeraran los trámites y no les pusieran ninguna objeción al momento de efectuar los pagos.
Dicho contrato ascendió a 376,318,250.00 lempiras (19,775.000.00 dólares). Lo anterior derivó en una serie de “transacciones atípicas” que el Ministerio Público aseguró documentar pese a que los funcionarios públicos “trataron de ocultar” su origen ilícito, siendo beneficiado Mario Zelaya con 2,131,924.00 dólares a través de pagos a las empresas C&M Motors (28,200.00 dólares a compañía constituida en Estados Unidos por su hermano Carlos Zelaya); Tour Operadora (20,000.00 dólares para compra de pasajes); Inversiones Novaterra (513,040.00 dólares para compra de inmuebles); Inversiones y Desarrollo Ética (359,000.00 dólares para compra de inmuebles); Mahony Title Land Service (1,080,000.00 dólares para compra de bienes en Estados Unidos); Reasa (5,684.00 dólares para compra de vehículo); así como pagos a Mario Zelaya Palencia (21,000.00 dólares); Vanessa Velásquez Lanza (70,000.00 dólares) y a la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro (35,000.00 dólares).
Por su lado, Javier Pastor habría recibido dádivas de 235,00.00 dólares, de las cuales 85,000.00 dólares fueron en transferencias directas a su persona y 150,000.00 a nombre de alguien más.
