Tegucigalpa. Destilerías clandestinas que operan en el territorio nacional fabrican casi siete millones de litros de aguardiente y licor compuesto, según investigaciones.
Esa es la principal conclusión de investigaciones realizadas por agencias especializadas sobre este negocio ilegal que cada día se expande sin que las oficinas gubernamentales puedan controlarlas.
“Son pequeñas destilerías artesanales que han sido plenamente identificadas en garajes de casas, talleres y costosas viviendas”, declaró uno de los investigadores, quien agregó que entre las personas involucradas hay propietarios de distribuidoras que comercializan marcas legales de empresas constituidas legalmente y personas particulares, las que son adulteradas para obtener mayores ganancias.
Los entrevistados dicen que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaría de Seguridad hicieron fuertes operativos en 2010 que terminaron con el desmantelamiento de tres fábricas clandestinas en Tegucigalpa y El Progreso, Yoro, las que tenían una capacidad instalada para procesar el 25% del consumo interno de licores compuestos y aguardientes.
“A partir del siguiente año -2011-, el Gobierno no le dio continuidad al comercio ilegal de bebidas embriagantes, lo que permitió la instalación de más fábricas clandestinas en varias ciudades del país”, dijo uno de los informantes.
Las oficinas públicas se preocuparon más por aumentar los impuestos a la industria formal, al aprobarse varias reformas en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 70-2010), que en definir una estrategia para combatir la producción ilegal de bebidas alcohólicas, que amenaza la salud de los consumidores y reduce las recaudaciones tributarias.
Un informe preparado por el Banco Central de Honduras (BCH) revela que la producción de la industria legal del alcohol ha venido en aumento en los últimos años. En 2010, la producción interna de licores y aguardiente ascendió a 15.1 millones de litros.
En 2011 fue de 18.6 millones de litros, registrando un crecimiento de 3.5 millones; el año pasado llegó a 18.8 millones de litros, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el BCH.
Esas disposiciones arancelarias han sido una de las causas de la proliferación de destilerías clandestinas en el país, ya que su producto está siendo destinado al segmento más bajo de la población, quien por 30 o 35 lempiras puede adquirir un litro de aguardiente, con un contenido alcohólico de 30 grados Gay-Lussac.
En junio de 2012 se reportó la muerte de 22 personas en Comayagua por la ingesta de supuesto alcohol adulterado, extremo que la Secretaría de Salud Pública no pudo confirmar.
