La audiencia contra los tres presuntos autores materiales del asesinato en septiembre de 2024 del ambientalista hondureño Juan López, prevista para este viernes, fue pospuesta por séptima vez y reprogramada para el 8 de enero de 2026, informó la organización que lideraba el ecologista.
La audiencia de proposición de pruebas fue reprogramada a petición de la defensa de dos de los tres imputados, dijo Edy Tábora, apoderado legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en el Caribe de Honduras.
"Vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia en el caso de Juan López", subrayó Tábora en un video difundido en redes sociales.
Los imputados son Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por el asesinato de López y asociación para delinquir.
López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 dentro de su vehículo tras salir de una iglesia en la ciudad de Tocoa, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ambientalista también se desempeñaba como concejal de la Alcaldía de Tocoa, departamento de Colón, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña Xiomara Castro.
En un comunicado, el Comité Municipal calificó la audiencia como "un paso crucial" para avanzar hacia el juicio oral y público que debe esclarecer cómo operó la estructura criminal que "ejecutó y encubrió el crimen".
Señaló que López fue asesinado por su papel activo en la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un área protegida "amenazada" por el proyecto minero y energético impulsado por Emco/Pinares/Ecotek.
"La lucha de Juan se desarrolló en un contexto de graves impactos ambientales, conflictividad social y amenazas sistemáticas contra quienes defienden los bienes comunes", enfatizó.
El Comité Municipal advirtió que existen otros procesos penales en curso por explotación ilegal de recursos, daños ambientales y falsificación de documentos, que revelan "el carácter ilegal" del proyecto dentro del Parque Nacional y muestran que el asesinato de López "no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia y criminalidad vinculado a intereses empresariales y redes de poder".
Además, exigió esclarecer toda la verdad sobre el crimen, incluyendo los mecanismos de planificación, financiación y protección que permitieron su ejecución; procesar y capturar a los presuntos autores intelectuales, que permanecen en libertad, y evitar "tácticas dilatorias" que entorpezcan el avance hacia un juicio "transparente y con garantías".
