La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, exhortó este domingo a las autoridades del país centroamericano a investigar y esclarecer la desaparición, amenazas y muerte violenta de mujeres y niñas.
El Estado hondureño debe “diseñar y definir políticas públicas conducentes a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, con énfasis en muertes violentas o feminicidios, así como contra la violencia doméstica e intrafamiliar”, indicó Izaguirre en un comunicado.
El feminicidio, agregó, constituye una “flagrante violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida”.
Izaguirre instó a las autoridades encargadas de la seguridad a “tomar las medidas preventivas y de investigación para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de cometer este tipo de hechos violentos contra las mujeres”.
En su opinión, hacerle frente a la violencia contra las mujeres es “un desafío” para el Estado hondureño, que tiene el deber de garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las personas.
Aunque no hay datos oficiales, la Defensora del Pueblo afirmó que la desaparición de niñas y mujeres es “un problema grave” en el país, donde ellas representan más del 51 % de los 9,7 millones de habitantes.
Izaguirre expresó “su plena disposición en realizar aportes sustanciales y acompañamientos oportunos en protección, promoción y defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el país”.
Entre 2002 y lo que va de 2023, el Conadeh registra la muerte violenta de al menos 7.600 mujeres y el 95 % de los casos siguen impunes.
Según datos del mismo organismo de derechos humanos, entre 2018 y el 20 de abril de 2023 alrededor de 15.948 mujeres presentaron denuncias ante el organismo de derechos humanos por consideran que estaba en riesgo su integridad y su vida, y por la violación de acceso a la justicia.
Solo en 2022, al menos 440 mujeres denunciaron ser víctimas de amenazas a muerte, 381 por falta de acceso a la justicia y al debido proceso, 83 por despidos ilegales o violaciones a las normas laborales en el sector público, 75 se quejaron por abusos de autoridad y 70 por el incumplimiento de responsabilidades familiares.
La mayoría de esas denuncias se concentraron en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Copán, Olancho, Yoro y Atlántida, centro, occidente, norte, oriente y Caribe de Honduras.
