Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontrara culpable a Honduras por destitución de magistrados en el 2012, diputados y analistas piden deducir responsabilidad a los actores del golpe.
La mañana de este lunes la CIDH determinó que el Estado de Honduras deberá de indemnizar a los cuatros magistrados que ilegalmente fueron destituidos de la Corte Suprema de Justicia.
El analista Juan Carlos Barrientos considera que la suma económica para enmendar los daños será millonaria. Pagos de abogados que llevaron el proceso de las víctimas, pagos de salarios bonificaciones, seguros, más daños emocionales es, puntualmente, por lo que ahora el Estado debe cancelar a cada magistrado, dijo él.
“Aquí estamos hablando de millones. Hay que ver si el Estado va a cumplir con esa sentencia”, añadió.
El letrado también miró con preocupación que el Estado no cumpla con esta sanción, porque la Corte no cuenta con un mecanismos para obligarlos a pagar. “Esto prácticamente queda la voluntad del Estado el poder ejecutar esa sentencia”, señaló.
En tanto, Carlos Umaña, diputado del Congreso Nacional, pidió “buscar los autores intelectuales y deducir responsabilidad. Eso sería justicia verdadera”.
“Condenados a pagar reparaciones a las víctimas. Estos actos sí son vergonzosos, en ese momento muchos fueron cómplices silenciosos”, dijo de su lado el canciller Enrique Reina.
El 2012 una comisión del Congreso Nacional recomendó considerar la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira, tras tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por Sala de lo Constitucional de la CSJ.
La destitución fue aprobada la madrugada del mismo día por la mayoría del Congreso Nacional, cuyo presidento era Juan Orlando Hernández Alvarado.
Ante esto, más de una década después la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Honduras es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
