Se alarga espera por ley del Seguro Social de Honduras

La falta de atenciones médicas y emergencias a miles de afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continuará este año por la crisis presupuestaria que enfrenta la institución ante la falta de una ley que regule la captación de dinero, así como el cobro de la histórica deuda que tiene el Estado.

Desde abril de 2022 se conoció que la Ley Marco del Sistema de Protección Social que fue derogada, luego de que la Corte Suprema de Justicia la declarara inconstitucional en 2019, por lo que el Seguro Social dejó de percibir 344 millones de lempiras, además de 70 millones de lempiras de lo que cotizaban las empresas y derechohabientes al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

La aprobación de la nueva ley se esperaba estuviera para finales de 2023, pero la situación continúa igual, pues no han hecho ninguna socialización y el Congreso Nacional sigue con la parálisis legislativa.

La situación precaria ha llevado a que hospitales regionales como el de San Pedro Sula esté colapsado, además de que un ala completa que estaba en construcción para la ampliación de áreas de atención no se haya terminado de construir.

Tampoco hay atenciones médicas ni de emergencias en Puerto Cortés así como en El Progreso donde solo tienen una clínica para atenciones primarias.

El mismo problema llevan por más de siete meses en La Ceiba donde los cotizantes ahora son atendidos en el hospital público y en Santa Rosa de Copán tampoco hay clínicas para las atenciones de los trabajadores, a quienes les siguen deduciendo la cuota de Seguro Social.

Solo en La Ceiba y Copán 142,000 trabajadores cotizan al Seguro Social y las empresas pagan también la parte de la aportación.

En esas ciudades el sistema de atenciones era subrogado, pues el IHSS les pagaba a clínicas privadas, pero desde mayo de 2022 dejaron de atender por la falta de pagos.

El diputado Carlos Umaña (otrora médico del IHSS) indicó que el Seguro Social enfrenta dos situaciones, una que el presupuesto para la atención de salud para 2022-2023 se dejó en unos 10 mil millones de lempiras de los 17 mil millones que se tenían de presupuesto.

Informó que para 2024 se está haciendo crecer en uno 600 millones de lempiras y quedaría en 18,005 millones de lempiras y “eso hace que esto sea deficitario porque no se tienen todos los insumos para poder dar las subrogaciones o las construcciones necesarias para atender sobre todo en la zona norte y occidente del país”.

Indicó que el segundo problema es que el Seguro Social está perdiendo por la inconstitucionalidad de la ley marco 6,300 millones de lempiras que le debe el Estado como deuda histórica y que estaba pagando a razón de 30 millones de lempiras mensuales, y está perdiendo los aportes que el RAP le daba al régimen de salud que eran 70 millones de lempiras mensuales.

Umaña dijo que además por la falta de la ley, el Seguro está perdiendo la gradualidad, la cual es un reconocimiento de la inflación a las cotizaciones tanto del patrono y del trabajador sin romper los techos. “La aportación subía de un tres a un siete por ciento sin romper el techo que anda alrededor de unos 12,000 lempiras”.

“Habían unos fondos que proporcionó el RAP, denominados intocables, que solo se pueden usar para expansión física del IHSS que son alrededor de mil a dos millones de lempiras que están en el sistema bancario, pero por la inconstitucionalidad de la ley no se pueden tocar”, afirmó.

El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, agregó que han transcurrido 22 meses desde que se declaró inconstitucional la ley marco y desde ese momento se detectó que habrían problemas financieros porque la ley marco establecía mayores recursos para la captación de dinero.

Dijo que en la medida que el Seguro Social no tenga la capacidad financiera se verán problemas para atender a los afiliados en la parte de salud primaria así como en lo fondos de vejez, invalidez y muerte.

Expresó que se hizo un trabajo con el Consejo Económico y Social en el que se aprobó la propuesta de una alternativa para hacerle frente a todo, pero todavía no se ha aprobado la ley de la cual no se conoce lo que contemplará, pues no se ha socializado.

“Esperamos que cuando el Congreso Nacional vuelva a sus sesiones, sea una prioridad la aprobación de la normativa del Seguro Social que es tan importante”, apuntó.

Ante la ausencia de una ley, los trabajadores también perdieron derechos como la reserva laboral que se supone estará contemplada en la nueva ley, pues era un porcentaje del cuatro por ciento del salario que se depositaba a la cuenta de los trabajadores todos los meses.

Representantes de la empresa privada han planteado en la propuesta de ley que se descongelen los 3,000 millones de lempiras que quedaron acumulados en el régimen de salud y que no fueron utilizados y se requiere la autorización del Congreso Nacional, pues con ese dinero pueden hacer la planificación de contratación de servicios subrogados o ver la forma en la que se puede llegar a otras ciudades que no cuentan con atenciones médicas.

Adolfo Contreras, presidente de las Asociación de Jubilados y Pensionados de Puerto Cortés, expresó que van a cumplir 10 meses de estar sin atenciones médicas.

“Nos cuesta ir a San Pedro Sula a una consulta y hay que hacer las citas por internet y muchos de los afiliados no cuentan con ese servicio”, lamentó.

Dijo que los demás compañeros se abocan a él para que busque ayuda con las autoridades del IHSS, pero no han logrado ni que les faciliten medicamentos que usan de forma permanente.

“A nosotros nunca nos dijeron que quitarían el servicio de las clínicas subrogadas y ahora tampoco sabemos cuándo volverán a darnos consultas y medicamentos”, dijo Contreras, quien pidió a la presidenta Xiomara Castro que les ayude con ese problema.

La alcaldesa de Puerto Cortés, María Luisa Martell, expresó que han enviado cartas a las autoridades del Seguro Social para que habiliten el servicio a los derechohabientes. Indicó que ante la falta del servicio la municipalidad ha habilitado la atención para jubilados y pensionados, y se mantienen las atenciones en los centros de salud.