San José, Costa Rica.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, reiteró los argumentos de la acusación presentada por ese organismo a la CorteIDH, en los que responsabiliza al Estado de la ejecución extrajudicial de Hernández, así como de una falta de diligencia en las investigaciones que mantienen el caso en la impunidad.
La CorteIDH ordenó al Estado este jueves medidas de protección a la vida de la familia de Vicky Hernández ante una denuncia de la organización Cattrachas que indica que un funcionario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llamó él miércoles a la madre de la víctima, lo que consideró como una forma de intimidación o acoso.
Los representantes de la víctima pidieron este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteDIH) una sentencia contra Honduras por el asesinato de la activista y mujer trans Vicky Hernández, ocurrida en el 2009, ante lo que el Estado hondureño negó responsabilidad alguna en el crimen.
La audiencia de dos días por este caso, que se llevó a cabo de manera virtual, concluyó este jueves con los alegatos finales orales de las partes, que a partir de ahora tendrán un mes para presentar sus alegatos por escrito.
EJECUCION EXTRAJUDICIAL Y FALTA DE INVESTIGACION
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, reiteró los argumentos de la acusación presentada por ese organismo a la CorteIDH, en los que responsabiliza al Estado de la ejecución extrajudicial de Hernández, así como de una falta de diligencia en las investigaciones que mantienen el caso en la impunidad.
'A más de 10 años el Estado no ha diseñado ni impulsado una investigación para esclarecer la participación de agentes estatales. La única hipótesis no ha tenido resultado y está sustentada en estereotipos El Estado no ha logrado desvirtuar los claros indicios de la participación estatal en un contexto de violencia contra las mujeres trans', afirmó Hernández.
Vicky Hernández, mujer trans y defensora de los derechos humanos en la organización Unidad Color Rosa, murió de un disparo en la cabeza entre la noche del 28 de junio de 2009 y el día siguiente, en San Pedro Sula, en el marco de un toque de queda decretado a raíz del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
'Los toques de queda generaron un ambiente propicio para las violaciones de los derechos humanos con efecto desproporcionado para las mujeres trans', aseveró el titular de la CIDH, quien dijo que durante el golpe de Estado hubo 15 asesinatos de mujeres trans, y al menos 3 la misma noche que el de Hernández.
Por su parte, la activista de la organización defensora de derechos humanos Cattrachas, Angelita Baeyens, dijo en calidad de representante de la víctima que se trata de un 'caso clásico de muerte ilícita a manos de agentes estatales', pues ocurrió durante un toque de queda en el que las autoridades de seguridad eran las únicas autorizadas para circular.
En su alegato, Baeyens afirmó que las autoridades no investigaron la escena del crimen, no recogieron indicios, no analizaron la bala, tampoco hubo una autopsia y que la investigación giró en torno a una hipótesis de 'crimen pasional', llena de estereotipos y discriminación.
Baeyens solicitó a la Corte Interamericana medidas de reparación para la familia de la víctima y que ordene a Honduras tramitar una ley de identidad de género y reformas legales que tipifiquen como delito el transfemicidio y que permitan a las personas trans el cambio de nombre y género con base en su identidad de género autopercibida.
EL ESTADO NIEGA LOS CARGOS
Por su parte, la representación del Estado de Honduras negó todos los cargos que se le atribuyen y solicitó a la CorteIDH que desestime la acusación, pues considera que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad.'El Estado rechaza la acusación de ejecución extrajudicial o crimen de odio al no haberse acreditado la participación de agentes del Estado' dijo en la audiencia el agente estatal Nelson Molina.
Según el representante del Estado, en el proceso no quedó demostrado la participación de agentes policiales y tampoco algún elemento de 'intencionalidad y premeditación'.
MEDIDAS DE PROTECCION
La CorteIDH ordenó al Estado este jueves medidas de protección a la vida de la familia de Vicky Hernández ante una denuncia de la organización Cattrachas que indica que un funcionario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llamó él miércoles a la madre de la víctima, lo que consideró como una forma de intimidación o acoso.
La representación del Estado reconoció la existencia de la llamada, pero argumentó que se realizó para ofrecer apoyo policial.
