Decenas de hondureños tuvieron que buscar otras opciones para llegar a sus trabajos o lugares de destino debido a la paralización a nivel nacional de al menos 12 rutas de buses y taxis por amenazas al sector transporte de parte de estructuras criminales.
Desde hace semanas en la zona norte de Honduras y en el Distrito Central empresas del transporte han paralizado sus operaciones debido a las extorsiones. Conductores, cobradores y pasajeros del transporte son los más vulnerables a este flagelo.
En Tegucigalpa, rutas de buses como de las colonias Campo Cielo, San Francisco, puntos de taxis de la Kennedy-Centro y Hato-Centro detuvieron sus unidades debido a las amenazas.
Los buses interurbanos que viajan de Lepaterique a la capital también decidieron no salir, luego del atentado que sufrieron el domingo en una de las unidades, cuando sujetos en motocicleta dispararon contra la unidad, hiriendo al conductor y a otras dos persona, quien una de ellas murió horas después.
Wilmer Cálix, dirigente del transporte, recordó que también rutas de El Progreso y San Pedro Sula han dejado de laborar por el temido cobro.
LA PRENSA recorrió las terminales y puntos de taxi en la capital que se paralizaron, y constató que a aunque en la mañana detuvieron el servicio, horas después se habilitó a medio vapor.
En el punto de taxis de la Kennedy-Centro, los vehículos no hacían fila como en días normales, los conductores llegaban de uno en uno, llenaban su unidad y salían hacer el recorrido. Choferes y pasajeros no quisieron hablar por temor.
En el Zonal Belén, en la terminal de buses de Lepaterique, el servicio se retomó a eso de las 11:00 am; sin embargo, solo el 50% de todas las unidades salieron. Uno de los conductores manifestó que volvieron a trabajar pues los dueños de los buses “ya habían arreglado”, refiriéndose a que pagaron la extorsión.
A pesar de eso, el miedo de la población que aborda esas unidades es latente ante las amenazas. “Como usuarios tenemos miedo de viajar en las unidades, las autoridades deben hacer algo”, dijo uno de los pasajeros.
Flagelo
En lo que va del año, debido a la extorsión, le ha quitado la vida a 27 personas ligados al transporte, según la Fuerza nacional Antimaras. Wilmer Cálix indicó que son entre dos y cuatro estructuras criminales deben pagar.
“A nivel nacional hemos recabado que de entre 40 y 50 millones de lempiras mensuales paga por extorsión solo el sector transporte”.
Cálix manifestó que las autoridades de seguridad deben tomar acciones para controlar ese problemas que lleva años intimidándolos. “El mensaje que mandamos al Gobierno es que ejecuten el plan de seguridad que ellos tienen, para darle tranquilidad a nuestros empleados, a los usuarios y al pueblo en general.
Además que fortalezcan las fuerzas que ya le hacían frente a este flagelo como la FNAMP y la FNSTU, que al día de hoy no han podido hacer mucho por que no tienen presupuesto para moverse”, señaló.
Operativos
La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas inició de oficio las investigaciones para dar con los integrantes de las estructuras que tienen de rodillas al transporte.
Mario Fu, portavoz de la FNAMP, aseguró que se puso en marcha un despliegue operativo estratégico en las zonas.
“Se están realizando las labores de inteligencia y localización pertinentes para rastrear, ubicar y capturar a miembros de estas estructuras criminales que están detrás de la comisión de estos hechos delictivos”.
El portavoz indicó que las investigaciones vienen desarrollando en los últimos años establecen que en el transporte hay personas infiltradas, miembros activos de estructuras criminales y laboran como conductores, cobradores o despachadores, así como simpatizantes de las mismas.
Por lo que han recomendado en varias ocasiones a los transportistas hacer depuración de las personas que laboran en el sector.
