Honduras se prepara para permitir que las personas trans puedan cambiar su nombre, en cumplimiento con un fallo internacional relacionado con el caso de Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada durante el golpe de Estado de 2009, cuando la comunidad LGBTI fue víctima de violencia.
El defensor de derechos humanos Erick Martínez comentó a TN5 Matutino que, según la sentencia emitida en 2021, el Estado debe realizar una serie de reparaciones, entre ellas el cambio de nombre para las personas transexuales.
“Es el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro quien ha asumido el rol de desarrollar estas acciones y, para ello, ha designado a expertos como Manuel Galeas como procurador y Óscar Rivera como comisionado en el RNP”, agregó.
Martínez detalló que el Registro Nacional de las Personas (RNP) lleva dos años trabajando en este cambio estructural, que requiere la colaboración y opiniones de diversos actores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Actualmente, el protocolo se encuentra en revisión en la CSJ y aún no ha sido aprobado.
“Si bien es cierto que las personas transexuales podrán tener acceso a su identidad en documentos oficiales que les permitan cambiar su nombre según su expresión o identidad de género, hasta el día de hoy este procedimiento no ha sido aprobado, socializado o dictado por el Estado de Honduras”, precisó Martínez.
Quién era Vicky Hernández
Vicky Hernández, una trabajadora sexual y activista en San Pedro Sula, fue asesinada a los 26 años entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio de 2009, durante el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenando a Honduras por el crimen, y casi un año después, el Estado asumió la responsabilidad.
El Gobierno de Xiomara Castro se comprometió a cumplir diversas medidas de reparación, incluyendo la investigación del asesinato de Vicky Hernández, otorgar una beca de estudios a Argelia Reyes Ríos, sobrina de la víctima, y reconocer la identidad de género auto percibida que permita a esta población adecuar su información en el Documento Nacional de Identificación (DNI).
