Padres de familia y docentes del Instituto Franklin Delano Roosevelt denunciaron la posible contaminación ambiental provocada por un almacén fiscal en las cercanías del centro educativo. Ante la preocupación de la comunidad, el regidor Boris de Romano señaló irregularidades en la autorización del proyecto.
“Este proyecto no nace de la noche a la mañana, es un proyecto que tiene que cumplir con una serie de requisitos para que la misma municipalidad le pueda dar el sustento legal y que las instituciones financieras le puedan hacer el desembolso para su inversión”, explicó De Romano.
El regidor agregó que, aunque el inversor haya presentado documentos válidos ante agencias financieras, “quien tuvo que haber regulado eso legalmente sería la corporación municipal... pasado por la corporación municipal para saber cuáles eran las pretensiones de los inversores en esa área”.
Según De Romano, este control no se aplicó, lo que deja abierta la posibilidad de afectaciones ambientales, especialmente considerando que en Puerto Cortés han desaparecido áreas de manglar y otras zonas de amortiguamiento.
De Romano enfatizó que la responsabilidad recae en la institución municipal: “Incurre la municipalidad en una responsabilidad administrativa... la municipalidad tiene que regular y decirle al inversor que se encuentra en un área de residencia, en un área escolar, por lo cual dicho proyecto, antes de su iniciación, tuvo que haber sido frenado”.
El regidor también destacó riesgos para los estudiantes: “Se ha solicitado puente peatonal. Son jóvenes que están expuestos desde su portón principal a cruzar la calle en una carretera internacional... de igual forma, es un área donde ha venido paulatinamente la misma municipalidad, no solo el plantel del inversor, sino que se encuentra rodeado de tráfico constante de vehículos y equipos pesados”.
La comunidad educativa insiste en que se tomen medidas inmediatas para proteger a los alumnos y prevenir posibles daños ambientales derivados de la operación del almacén fiscal.
