Tegucigalpa, Honduras.
Con el escándalo de corrupción por el tráfico ilegal de documentos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), diputados solicitarán juicio político en caso de encontrar complicidad por parte de los directivos de la entidad.
Diario LA PRENSA reveló en mayo que desde el RNP se han emitido partidas de nacimiento y tarjetas de identidad a ciudadanos sirios y palestinos.
Las investigaciones establecen que el fin primordial de estos extranjeros era obtener el pasaporte nacional para luego poder tramitar el visado de ingreso a Estados Unidos y otros países con los cuales Honduras tiene relaciones.
Este hecho es considerado muy grave por diversos sectores porque está en juego la seguridad nacional.
Ante esta situación, David Reyes, diputado del Partido Anticorrupción (PAC), anunció que solicitarán el juicio político, pero previamente se debe crear una comisión especial que investigue los hechos.
Refirió que en este caso no cabe la interpelación hacia las autoridades del RNP porque siempre que se da este proceso solo “les dan atol con el dedo” .
“Por eso queremos que haya una comisión especial para que investigue a profundidad este tema y que dé las pruebas necesarias para que nosotros podamos solicitar un juicio político en caso que hayan pruebas contundentes de complicidad en contra de personas con altos rangos”, expuso. Añadió que como poder del Estado no se pueden llamar al silencio y deben realizar acciones concretas.
Los diputados gozan actualmente de un receso de medio año y retoman las sesiones hasta el 5 de julio. “Sin embargo se puede llamar a una reunión de emergencia. Lo que pasa es que el pueblo todavía no entiende la importancia de estos temas; esto no es algo político, es de seguridad nacional”, afirmó.
Lamentó que estas acciones irregulares dejen en mala posición al país y recordó que lo mismo sucedió con ciudadanos chinos.
Por su parte, Rasel Tomé, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó que el primer paso es crear la comisión especial para indagar a profundidad y con los resultados tomar las determinaciones del caso hasta pensar en la destitución de los directores de la institución.
Doris Gutiérrez, representante del Partido Innovación y Unidad (Pinu), afirmó que estará de acuerdo con la figura del juicio político pero se debe buscar un procedimiento más expedito.
Intervención sigue
Santos Nolasco, vocero de la Fuerza de Seguridad Institucional (Fusina), dijo que la intervención de las oficinas del RNP en Tegucigalpa y Siguatepeque continúa, ya que es un proceso “lento y complejo”.
“Se está asegurando la información con equipo especializado y el Ministerio Público sigue trabajando en las líneas de investigación, y en la medida que vayan comparando la información con posible participación delictiva presentarán los requerimientos fiscales respectivos”, acotó Nolasco.
Con el escándalo de corrupción por el tráfico ilegal de documentos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), diputados solicitarán juicio político en caso de encontrar complicidad por parte de los directivos de la entidad.
Diario LA PRENSA reveló en mayo que desde el RNP se han emitido partidas de nacimiento y tarjetas de identidad a ciudadanos sirios y palestinos.
Las investigaciones establecen que el fin primordial de estos extranjeros era obtener el pasaporte nacional para luego poder tramitar el visado de ingreso a Estados Unidos y otros países con los cuales Honduras tiene relaciones.
Este hecho es considerado muy grave por diversos sectores porque está en juego la seguridad nacional.
Ante esta situación, David Reyes, diputado del Partido Anticorrupción (PAC), anunció que solicitarán el juicio político, pero previamente se debe crear una comisión especial que investigue los hechos.
Refirió que en este caso no cabe la interpelación hacia las autoridades del RNP porque siempre que se da este proceso solo “les dan atol con el dedo” .
“Por eso queremos que haya una comisión especial para que investigue a profundidad este tema y que dé las pruebas necesarias para que nosotros podamos solicitar un juicio político en caso que hayan pruebas contundentes de complicidad en contra de personas con altos rangos”, expuso. Añadió que como poder del Estado no se pueden llamar al silencio y deben realizar acciones concretas.
Los diputados gozan actualmente de un receso de medio año y retoman las sesiones hasta el 5 de julio. “Sin embargo se puede llamar a una reunión de emergencia. Lo que pasa es que el pueblo todavía no entiende la importancia de estos temas; esto no es algo político, es de seguridad nacional”, afirmó.
Lamentó que estas acciones irregulares dejen en mala posición al país y recordó que lo mismo sucedió con ciudadanos chinos.
Por su parte, Rasel Tomé, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó que el primer paso es crear la comisión especial para indagar a profundidad y con los resultados tomar las determinaciones del caso hasta pensar en la destitución de los directores de la institución.
Doris Gutiérrez, representante del Partido Innovación y Unidad (Pinu), afirmó que estará de acuerdo con la figura del juicio político pero se debe buscar un procedimiento más expedito.
Intervención sigue
Santos Nolasco, vocero de la Fuerza de Seguridad Institucional (Fusina), dijo que la intervención de las oficinas del RNP en Tegucigalpa y Siguatepeque continúa, ya que es un proceso “lento y complejo”.
“Se está asegurando la información con equipo especializado y el Ministerio Público sigue trabajando en las líneas de investigación, y en la medida que vayan comparando la información con posible participación delictiva presentarán los requerimientos fiscales respectivos”, acotó Nolasco.
