Tegucigalpa, Honduras
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) consultó al Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito si decretó la incautación de propiedades por el caso Pandora o solamente ordenó el aseguramiento.
La judicatura de privación de dominio ordenó, en primera instancia, sobre 46 bienes de imputados por el desvío de L282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
| Dato
El MP tiene dos años para solicitar al juzgado el juicio para que se declare en comiso a favor del Estado los bienes incautados.
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Esta medida se hizo a petición de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
El aseguramiento es el impedimento para que el propietario de un capital venda, done o haga cualquier acto sobre el mismo y no representa que se tome posesión.
La Ufecic, con la orden de aseguramiento, procedió a finales de agosto a incautar los bienes, es decir a prohibir al propietario el uso de la propiedad y los cedió a la Oabi.
La Ufecic debía de convalidar la incautación 72 horas después de haber tomado posesión de los bienes, o sea, pedir al juzgado que avalara ese procedimiento, ya que la orden que recibió solo fue de aseguramiento.
El director de la Oabi, José Luis Andino, indicó que se desconoce si la Ufecic pidió la convalidación, razón por la cual se pide la aclaración.
“En ocasiones, el juzgado ordena asegurar e incautar, pero la instrucción en este caso solo fue la de asegurar y no sabemos si la incautación se hizo con el proceso de convalidación”, enfatizó.
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Claves
INCAUTACIÓN Prohibición temporal decretada por la autoridad competente para privar de la posesión uso o traslado de bienes sobre los que hay sospechas de que carezcan de fuente legitima de adquisición. La orden la da el juzgado y la aplica el Ministerio Público, no la Oabi.
Entre las propiedades incautadas se encuentran las sedes de los partidos Nacional y Liberal. En la misma solicitud de aclaratoria, la Oabi pide al juzgado si es legal que se le dé en alquiler a los partidos políticos los edificios que se les incautaron.
La Ufecic había solicitado la incautación de bienes en el proceso penal contra 38 acusados de malversación, pero como la justicia anuló el delito de lavado de activos por el que la mayoría fueron procesados esa medida la anularon.
Ahora el caso de privación es conocido por el juzgado especializado y este juicio es separado del proceso penal.
El desvío de recursos de la SAG se hizo entre 2010 y 2013 por medio de dos fundaciones sin fines de lucro.
