Inconformes se encuentran los agroindustriales, ya que a dos meses de haberse integrado una comisión para buscar una solución al conflicto de invasiones de fincas de palma africana en el Bajo Aguán, esta no les da resultados.
A inicios de febrero se firmó un convenio con las cooperativas aglutinadas a la Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán y los inversionistas de palma en Colón con el fin de poner fin a la disputa de tierras.
Las reuniones se desarrollaron en la ciudad de Tocoa y fueron coordinadas por una comisión enviada por la presidenta Xiomara Castro.
EN SUSPENSO
Luego que se instaurara la comisión tripartita entre el Gobierno, los inversionistas de la palma y grupos campesinos, las órdenes de desalojo que estaban pendientes quedaron en suspenso. En diciembre de 2021 se ejecutaron algunos desalojos, aunque se recuperaron unas 4,000 hectáreas de finca, estas fueron nuevamente invadidas días después por supuestos campesinos. Las 14,508 hectáreas de palma invadidas generan una producción anual de 260,935 toneladas.
Estas tienen un valor de 5,000 lempiras por tonelada. Por lo que las pérdidas en total de las empresas afectadas ascienden a un poco más de 1,300 millones de lempiras.
El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, encabezó la delegación, acompañado por el ministro y viceministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez y Rafael Alegría, respectivamente, y el titular de Desarrollo e Inclusión Social, José Carlos Cardona.
En la delegación también participa la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Se conformó una comisión jurídica integrada por 12 juristas nacionales y de organismos internacionales. Estos juristas harán una exhaustiva investigación sobre la tenencia de la tierra, ya que los campesinos y los inversionistas de las empresas invadidas aseguran tener los títulos legítimos de propiedad.
Mientras duren las investigaciones, los campesinos siguen en poder de las 23 fincas invadidas y cosecharán la fruta de las 14,508 hectáreas, bajo la supervisión del INA y la Secretaría de Seguridad.
La industria de la palma aceitera no muestra confianza en el trabajo de la comisión por el poco avance.
“Lo que se percibe desde afuera es que lo que se está montando ahí es una legalización de lo ilegal. El hurto de la fruta sigue porque así se acordó en el convenio. Los invasores de las fincas son organizaciones criminales”, aseguró una fuente ligada a la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Honduras (Aipah).
“La comisión no ha avanzado, si tuviera cambios, fuera pero de retroceso. Esto se va a convertir en más caos si no se hace algo”, dijo un inversionista de palma del Bajo Aguán, quien pidió omitir su nombre.
“El plan que se ha elaborado va caminando, la semana pasada ya se instaló la comisión jurídica para revisar la tenencia y la legitimidad de los títulos. Se está consensuando con las empresas porque algunos han tenido observaciones, otras ya han firmado y el diálogo continúa”, aseguró Rafael Alegría, viceministro del INA.
Según datos de la Aipah, unos siete millones de lempiras diarios se pierden con las invasiones de las fincas que están actualmente en producción. Este conflicto ha provocado que se pierdan unos 1,200 empleos.
