Tegucigalpa, Honduras.
Por su exitoso combate al crimen organizado y la corrupción, el fiscal general Óscar Chinchilla fue considerado para continuar al frente de esta institución para el periodo 2018-2023.
Luego de que la moción para que Hermes Omar Moncada fuera electo nuevo fiscal general no lograra la mayoría calificada de 86 votos la noche del jueves en el Congreso Nacional, surgió Chinchilla como gran candidato, luego de conocerse que no existe un impedimento legal en su contra.
Y es que ningún fiscal se había atrevido a golpear y desarticular a tantas y poderosas redes de corrupción y organizaciones criminales, entre ellas, los carteles de la droga, como Chinchilla Banegas, abogado y notario, originario de Santa Rosa de Copán.
A principios de septiembre de 2013, el Congreso Nacional lo eligió como fiscal general, es decir, como cabeza del Ministerio Público (MP), entidad responsable de investigar los delitos, descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales la aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal.
Chinchilla nació el 7 de febrero de 1972 y termina su primer mandato en septiembre dejando al país libre de muchas organizaciones criminales que por décadas operaron impunemente gracias a la complicidad de autoridades corruptas.
Apoyada en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), golpeó y desarticuló al cartel de los Valle Valle, a Los Cachiros, desmanteló la estructura de la organización liderada por Rubén Mejía Mejía, alias “Yuquita”, y otros grupos delictivos.
Según el informe Hechos Relevantes, publicado recientemente por el MP, durante este período las autoridades les incautaron a esas organizaciones 415 inmuebles, 46 empresas y 184 vehículos. Esto representa, a jucio de esa institución, “la mayor cantidad de aseguramientos e incautaciones en toda la historia”.
Una vez intervenidas las propiedades a los grupos criminales, el MP las puso en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
La administración de Chinchilla, por medio de la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Ministerio Público (creada en 2014), ha atacado también la corrupción interna.
Por ejemplo, esa entidad inició un proceso penal contra el fiscal Adonay Padilla, excoordinador regional del Ministerio Público en La Ceiba, por el delito de abuso de autoridad.
El MP actuó contra ese coordinador porque, en septiembre de 2013, “se valió” del cargo “para ordenar por vía telefónica a la fiscal Milgia Melissa Murcia Martínez que dejara en libertad a dos pilotos mexicanos que habían aterrizado con una avioneta sin seguir los protocolos y los procesos establecidos en la ley, sin esperar inclusive el resultado de los dictámenes que se efectuaron en la aeronave”, de acuerdo con el informe Hechos Relevantes.
Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, el fiscal Chinchilla, con estas y otras acciones, rebasó con creces las expectativas que la sociedad tenía cuando él asumió el cargo.
“En la ASJ tenemos 15 años apoyando los esfuerzos del MP y eso nos permite hacer valoraciones sobre el desempeño del fiscal Óscar Chinchilla.
Su desempeño ha superado las distintas administraciones que ha tenido el Ministerio Público. Él, por razones estratégicas, priorizó su trabajo en el combate al crimen organizado, maras, pandillas, tráfico de drogas, temas de corrupción”, afirma Carlos Hernández, director de ASJ.
Para Hernández, “cuando se analizan los datos sobre requerimientos fiscales, estos superan todo lo que se había hecho en el país. Hay tareas pendientes, se tiene que avanzar en el tema de derechos humanos, pero en las áreas que él priorizó hubo mucho éxito”.
“Nadie se había atrevido a desarticular carteles de la droga y redes de corrupción. Óscar es un tipo que no es mediático, con su silencio, que lo caracteriza, pudo ganarse el respeto de los organismos que colaboran con Honduras en estos esfuerzos”, dice.
En septiembre de 2013, Chinchilla le solicitó a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) que profundizara en las investigaciones sobre corrupción en el Seguro Social.
Las líneas de investigación desarrolladas por la Unaf involucraron a Mario Zelaya y otros administradores del IHSS por los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos y transferencias ilícitas entre regímenes por un monto L1,641,227,959.
Parte de los logros
Corrupción en el IHSS
El 17 de septiembre de 2013, el fiscal general le solicitó a la Unidad Nacional de Apoyo al Fiscal (Unaf) profundizar las investigaciones en cuatro casos de corrupción dentro del IHSS que implicó el desvío de L1,641,227,959.
Muertes en el Bajo Aguán
La Fiscalía General creó mediante Acuerdo FGR- 004-2014 de fecha 27 de febrero de 2014 la Unidad Fiscal para la Investigación y Juzgamiento de Muertes Violentas en el Bajo Aguán.
Contra corrupción interna
En septiembre de 2014, instituyó la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Ministerio Público (MP). Esta instancia ha imputado a varios fiscales y a una funcionaria de Medicina Forense.
Contra policías y jueces
Con la Unidad de Enjuiciamiento del Sector Justicia (creada en febrero de 2014) logró incoar un proceso penal contra policías que torturaron a un sacerdote católico, también contra policías que ayudaron a la fuga de un recluso, contra jueces y otros funcionarios.
Corrupción municipal
La Fiscalía Contra la Corrupción de San Pedro Sula presentó requerimiento contra Ada Muñoz, exjefe de Control de Ingresos de la Corporación Municipal, por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y defraudación fiscal. Esta misma acción la ejerció contra Sandra Deras, exalcaldesa de Cholama y otros funcionarios municipales del país.
Defensa del consumidor
El Ministerio Público acusó penalmente por fraude continuado a inversionistas que desarrollaron el proyecto Ciudad del Ángel (Tegucigalpa), cometido entre 2007 al 2012 contra personas que compraron casas que luego se desplomaron.
Casos de periodistas
Investigó y logró que los tribunales condenaran a los individuos que asesinaron a los periodistas Ángel Alfredo Villatoro (2012) en Tegucigalpa y Aníbal Barrow (2013) en San Pedro Sula.
Ataque a carteles
En 2014, el MP procedió al aseguramiento de bienes de Juan Ramón Matta, hondureño que cumple condena en los Estados Unidos, y al cartel de los Valle Valle. En 2013 había actuado contra Los Cachiros.
Los últimos casos
El 2018, junto con la Maccih, ha destapado los casos de corrupción denominados la caja chica de la dama (implica a Rosa Elena Bonilla, la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa), Pandora (vincula a 38 ciudadanos, varios exfuncionarios del gobierno) y fe de erratas, con el cual acusa a diputados por aprobar de manera anómala la Ley de Presupuesto.
Por su exitoso combate al crimen organizado y la corrupción, el fiscal general Óscar Chinchilla fue considerado para continuar al frente de esta institución para el periodo 2018-2023.
Luego de que la moción para que Hermes Omar Moncada fuera electo nuevo fiscal general no lograra la mayoría calificada de 86 votos la noche del jueves en el Congreso Nacional, surgió Chinchilla como gran candidato, luego de conocerse que no existe un impedimento legal en su contra.
Y es que ningún fiscal se había atrevido a golpear y desarticular a tantas y poderosas redes de corrupción y organizaciones criminales, entre ellas, los carteles de la droga, como Chinchilla Banegas, abogado y notario, originario de Santa Rosa de Copán.
A principios de septiembre de 2013, el Congreso Nacional lo eligió como fiscal general, es decir, como cabeza del Ministerio Público (MP), entidad responsable de investigar los delitos, descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales la aplicación de la ley mediante el ejercicio de la acción penal.
Chinchilla nació el 7 de febrero de 1972 y termina su primer mandato en septiembre dejando al país libre de muchas organizaciones criminales que por décadas operaron impunemente gracias a la complicidad de autoridades corruptas.
Apoyada en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), golpeó y desarticuló al cartel de los Valle Valle, a Los Cachiros, desmanteló la estructura de la organización liderada por Rubén Mejía Mejía, alias “Yuquita”, y otros grupos delictivos.
Según el informe Hechos Relevantes, publicado recientemente por el MP, durante este período las autoridades les incautaron a esas organizaciones 415 inmuebles, 46 empresas y 184 vehículos. Esto representa, a jucio de esa institución, “la mayor cantidad de aseguramientos e incautaciones en toda la historia”.
Una vez intervenidas las propiedades a los grupos criminales, el MP las puso en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
La administración de Chinchilla, por medio de la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Ministerio Público (creada en 2014), ha atacado también la corrupción interna.
Por ejemplo, esa entidad inició un proceso penal contra el fiscal Adonay Padilla, excoordinador regional del Ministerio Público en La Ceiba, por el delito de abuso de autoridad.
El MP actuó contra ese coordinador porque, en septiembre de 2013, “se valió” del cargo “para ordenar por vía telefónica a la fiscal Milgia Melissa Murcia Martínez que dejara en libertad a dos pilotos mexicanos que habían aterrizado con una avioneta sin seguir los protocolos y los procesos establecidos en la ley, sin esperar inclusive el resultado de los dictámenes que se efectuaron en la aeronave”, de acuerdo con el informe Hechos Relevantes.
Para la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, el fiscal Chinchilla, con estas y otras acciones, rebasó con creces las expectativas que la sociedad tenía cuando él asumió el cargo.
“En la ASJ tenemos 15 años apoyando los esfuerzos del MP y eso nos permite hacer valoraciones sobre el desempeño del fiscal Óscar Chinchilla.
Su desempeño ha superado las distintas administraciones que ha tenido el Ministerio Público. Él, por razones estratégicas, priorizó su trabajo en el combate al crimen organizado, maras, pandillas, tráfico de drogas, temas de corrupción”, afirma Carlos Hernández, director de ASJ.
Para Hernández, “cuando se analizan los datos sobre requerimientos fiscales, estos superan todo lo que se había hecho en el país. Hay tareas pendientes, se tiene que avanzar en el tema de derechos humanos, pero en las áreas que él priorizó hubo mucho éxito”.
“Nadie se había atrevido a desarticular carteles de la droga y redes de corrupción. Óscar es un tipo que no es mediático, con su silencio, que lo caracteriza, pudo ganarse el respeto de los organismos que colaboran con Honduras en estos esfuerzos”, dice.
En septiembre de 2013, Chinchilla le solicitó a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf) que profundizara en las investigaciones sobre corrupción en el Seguro Social.
Las líneas de investigación desarrolladas por la Unaf involucraron a Mario Zelaya y otros administradores del IHSS por los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos y transferencias ilícitas entre regímenes por un monto L1,641,227,959.
Parte de los logros
Corrupción en el IHSS
El 17 de septiembre de 2013, el fiscal general le solicitó a la Unidad Nacional de Apoyo al Fiscal (Unaf) profundizar las investigaciones en cuatro casos de corrupción dentro del IHSS que implicó el desvío de L1,641,227,959.
Muertes en el Bajo Aguán
La Fiscalía General creó mediante Acuerdo FGR- 004-2014 de fecha 27 de febrero de 2014 la Unidad Fiscal para la Investigación y Juzgamiento de Muertes Violentas en el Bajo Aguán.
Contra corrupción interna
En septiembre de 2014, instituyó la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Ministerio Público (MP). Esta instancia ha imputado a varios fiscales y a una funcionaria de Medicina Forense.
Contra policías y jueces
Con la Unidad de Enjuiciamiento del Sector Justicia (creada en febrero de 2014) logró incoar un proceso penal contra policías que torturaron a un sacerdote católico, también contra policías que ayudaron a la fuga de un recluso, contra jueces y otros funcionarios.
Corrupción municipal
La Fiscalía Contra la Corrupción de San Pedro Sula presentó requerimiento contra Ada Muñoz, exjefe de Control de Ingresos de la Corporación Municipal, por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y defraudación fiscal. Esta misma acción la ejerció contra Sandra Deras, exalcaldesa de Cholama y otros funcionarios municipales del país.
Defensa del consumidor
El Ministerio Público acusó penalmente por fraude continuado a inversionistas que desarrollaron el proyecto Ciudad del Ángel (Tegucigalpa), cometido entre 2007 al 2012 contra personas que compraron casas que luego se desplomaron.
Casos de periodistas
Investigó y logró que los tribunales condenaran a los individuos que asesinaron a los periodistas Ángel Alfredo Villatoro (2012) en Tegucigalpa y Aníbal Barrow (2013) en San Pedro Sula.
Ataque a carteles
En 2014, el MP procedió al aseguramiento de bienes de Juan Ramón Matta, hondureño que cumple condena en los Estados Unidos, y al cartel de los Valle Valle. En 2013 había actuado contra Los Cachiros.
Los últimos casos
El 2018, junto con la Maccih, ha destapado los casos de corrupción denominados la caja chica de la dama (implica a Rosa Elena Bonilla, la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa), Pandora (vincula a 38 ciudadanos, varios exfuncionarios del gobierno) y fe de erratas, con el cual acusa a diputados por aprobar de manera anómala la Ley de Presupuesto.
