La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) dijo este martes que espera que el Gobierno y la ONU hayan firmado el acuerdo para la instalación de una comisión anticorrupción en el país, y expresó su preocupación por la legitimidad o ilegitimidad de la junta directiva del Parlamento de esta nación.
En un comunicado, la CEH indicó que ha visto “con agrado el diálogo” entre la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih).
“Esperamos que se haya firmado el Memorándum de Entendimiento para que venga la Cicih a colaborar en la lucha contra la corrupción”, señalaron los obispos, que destacan que este flagelo, de vieja data en Honduras, debería “haberse prevenido desde hace mucho tiempo y contra el que se debería actuar con la mayor fuerza posible”.
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La CEH hizo un llamamiento a la sociedad a “no permanecer indiferente ante la injusticia, puesto que no basta la denuncia cuando lo que hay que hacer es unirse para la promoción activa del bien común”.
CORRUPCIÓN AFECTA RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANOS
Ante ello, es necesario que “el sistema de justicia respete y responda a los derechos que la sociedad hondureña y todo ser humano tiene”, subraya el comunicado.
Al asumir el poder el 27 de enero, la presidenta hondureña prometió retomar la lucha en el país centroamericano contra la corrupción, por lo que en abril le solicitó ayuda a Guterres la creación de la Cicih.
En mayo, la ONU envió una misión exploratoria a Tegucigalpa en respuesta a la petición de la presidenta de Honduras, que se reunió el 21 de septiembre con Guterres, un mes después de que el Gobierno entregó a Naciones Unidas los comentarios del borrador del Memorándum de Entendimiento para la instalación de la Cicih.
Los obispos subrayaron que la corrupción “compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados”.
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Además, “introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones, y es una de las causas del empobrecimiento de la población”.
LEGITIMIDAD O ILEGIMIDAD DEL PARLAMENTO
La CEH expresó su preocupación por “la incertidumbre que existe entre la ciudadanía hondureña y sectores de la comunidad internacional sobre la legitimidad o ilegitimidad de la actual junta directiva del Congreso Nacional”.
Instó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse “sobre esta situación y se aclare definitivamente, contribuyendo de esta manera al correcto caminar democrático del país”.
La crisis en el Parlamento, que en enero eligió dos juntas directivas en medio de un conflicto interno en el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), fue resuelta en febrero con un “Compromiso por la unidad partidaria y la agenda legislativa 2022-2026”.
Con el acuerdo, los 17 diputados, a quien la presidenta Castro señaló como “traidores” y el 21 de enero anunció que habían sido expulsados de Libre, regresaron a esa institución política, que surgió en 2011, luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 a Manuel Zelaya.
Además, los diputados disidentes terminaron reconociendo como presidente del Parlamento a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), a quien apoya la presidenta del país.
Los obispos pidieron que la llamada Junta Nominadora, que escogerá a 45 candidatos a magistrados del Supremo del país, “sea respetada y se auto respete, y que sea firme en rechazar cualquier intento de manipulación”.
Invitaron a los “buenos hondureños, con experiencia y capacidad profesional, a sumarse a este esfuerzo y ofrecerse generosamente” a integrar la lista de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo.
Además, destacaron la necesidad de que los ciudadanos exijan a sus representantes en el Congreso Nacional “escuchar la voz de la mayoría del pueblo, un ejercicio recto de la justicia” para la que elección de los nuevos quince magistrados del Tribunal Supremo “no sea partidista”.
