Sectores que defienden la libertad de expresión encendieron las alarmas tras la aprobación de un decreto ejecutivo en el que se crea la Dirección General de Información y Prensa.
El PCM 05-2022 no solo crea la nueva entidad sino que ordena realizar un diagnóstico a los medios de comunicación televisivos, radiales, digitales e impresos que operan en el país.
La Dirección General de Información y Prensa tendrá entre otras atribuciones: “Realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales que operan en el país.
Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros”, precisa el inciso tres del artículo dos del decreto.
Además, esta dirección se encargará de elaborar y planificar la estrategia de información y prensa del gobierno; asimismo coordinar actividades con los órganos, unidades y oficinas de relaciones públicas del Poder Ejecutivo y hasta pagar pauta publicitaria.
1_El PCM también implica un inventario de radios, televisoras, periódicos, así como contenidos que se den en redes sociales.
2_Cada una de las publicaciones que relacionen al gobierno deberán estar en informes que la Dirección deberá remitir a Casa de Gobierno.
El plan gubernamental va encaminado a combatir la noticias falsas, según el subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, que -en abril pasado- aseguró que hay que “luchar de manera frontal contra estas prácticas que se han usado para encarcelar gente inocente y hasta para dar golpes de Estado”.
En cuanto al monitoreo y diagnóstico que se hará de los medios, el PCM establece que se buscará “obtener información completa y verificable, y dar pronto oportuna respuesta”.
La institución elaborará un programa para mantener comunicación permanente con todos los medios de comunicación que cubren la fuente gubernamental y “mejorar los tiempos, calidad, veracidad y confiabilidad de la información”.
Reacciones
Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, habrá que estar expectante a lo que se haga desde el Gobierno con esta y otras medidas.
Reyes puso de ejemplo a los delitos contra el honor que no se han despenalizado, así como al espionaje telefónico a comunicadores e instó al oficialismo garantizar la libertad de prensa.
“Hemos visto algunas acciones que vienen de diferentes sectores del Estado que cada vez van buscando limitar y sumado a esto la ola de intimidaciones o del odio que se da contra la prensa hondureña con el fin de debilitarla. La prensa es bastión que crítica y dice lo que no está bien”, precisó Reyes.
Tamara Tamaciuk, subdirectora de Human Rights Watch, instó al gobierno a respetar la libertad de prensa y que la creación de la Dirección General de Información no limite a los periodistas.
“Varias disposiciones del derecho hondureño amenazan la libertad de expresión y reunión. Por ejemplo, el Código Penal que entró en vigencia en 2020 mantuvo los delitos de calumnias e injurias por lo que Human Rights Watch se opone a todo tipo de leyes penales sobre difamación, debe haber garantías para la libertad de prensa y expresión”, expresó.