Una empresa estatal en proceso de creación comenzará a administrar temporalmente los aeropuertos de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba cuando concluya el próximo 28 de septiembre la concesión de 20 años de InterAirports.
La nueva entidad, que tendrá carácter de una sociedad de propósito especial, tomará el control de las terminales; sin embargo, un asesor experto en el tema escogido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañará a los gerentes a dirigir la operación.
10 años más
En 20 años de concesión, InterAirports solamente realizó remodelaciones en las terminales. La próxima concesión tendrá una vigencia de 30 años.
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Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (Sapp), le explicó a Diario LA PRENSA que “InterAirports tiene activos que le pertenecen al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep). Insep es el dueño de los aeropuertos, y a esta nueva sociedad de propósito especial se le asignarán esos bienes una vez que sean revertidos por la Superintendencia de Alianza Público Privada”.
Instalación de peaje.
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El Gobierno tiene previsto que esta sociedad especial administre los aeropuertos entre 12 y 15 meses, mientras el Consejo Superior para la Alianza Pública Privada prepara la licitación y adjudica la concesión para 30 años, 10 años más que la actual.
De esta manera, el Consejo Superior dará continuidad al proceso de concesiones de los negocios del Estado y descarta la constitución de una junta administradora de transición del sistema aeroportuario del norte y litoral atlántico propuesta el mes pasado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
En una carta enviada a Martha Doblado, presidenta del Consejo Superior para la Alianza Pública Privada, esa organización le propuso la creación de esa junta, que estaría constituida por la Fedecámara, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Asociación Nacional de Industriales (Andi), Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), representantes locales de la Cámara de Turismo y Buró de Convenciones, Cámara de Comercio de La Ceiba y Roatán y un miembro del Gobierno.
Esta junta, según la propuesta firmada por el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, iniciaría con un “capital transitorio” aportado por cada una de las partes, el cual devolvería (sin pago de intereses) tras generar un patrimonio por la operación de las terminales.
Remodelación.
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La propuesta del Cohep, que excluye a las municipalidades, llegó a las manos del Gobierno cinco meses después de que en San Pedro Sula las autoridades locales y empresarios gestaran un movimiento para recuperar el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ya que Diario LA PRENSA denunció que la compañía concesionaria InterAirports no logró en 20 años modernizarlo y convertirlo en una terminal competitiva frente a las otras de Centroamérica.
Las denuncias de Diario LA PRENSA motivaron también a los diputados de Cortés para integrar una comisión especial multipartidaria “para dar seguimiento al proceso de concesión del Villeda Morales” y formular una propuesta al Gobierno.
La semana anterior, los diputados presentaron el informe, en el cual establecieron que “durante esta concesión (de InterAirports) las mejoras realizadas por la concesionaria han sido mínimas. En el caso del Ramón Villeda Morales, este actualmente tiene los mismos tres puentes de embarque con que lo recibieron, lo cual no ha generado mayor impacto ni capacidad de respuesta para con las necesidades de los usuarios del aeropuerto”.
En ese informe, los diputados recomiendan “tomar en consideración la propuesta realizada por el Cohep de otorgar de forma temporal la administración y operación de los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula (Ramón Villeda Morales), La Ceiba (Golosón) y Roatán (Juan Manuel Gálvez)” y sugiere la incorporación en la junta de “los alcaldes de las municipalidades de San Pedro Sula, La Lima, La Ceiba y la de Roatán”.
Más negocios.
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Pero “el Gobierno debe apoyar esta corporación que quieren formar organizaciones empresariales y que solicita al Estado la concesión de los aeropuertos sin fines de lucro. De los ingresos que obtengan en el aeropuerto le dará un canon al Gobierno, similar al que le pagan ahora mismo los operadores. Las utilidades la reinvertirá en los aeropuertos.
Nosotros pensando por Honduras creemos que se debe invertir en la terminal de carga y terminal de pasajeros. La junta propuesta por el Cohep será temporal mientras realizan la licitación internacional para escoger al nuevo concesionario”, explicó.
Mientras Toncontín, que está fuera de esta nueva concesión, será operado por Palmerola International Airport (PIA), la cual tiene previsto poner en operaciones el año próximo el aeropuerto de Palmerola.
“Toncontín fue otorgado a PIA desde el inicio del contrato, ya que el acuerdo fue que al abrir Palmerola, Toncontín cerraba. Toncontín cerrará vuelos internacionales, supongo yo que allí se hará una licitación para vuelos nacionales”, dijo Castellón.
$50 millones
El 6 de julio, PIA le envió una carta a Castellón en la cual le planteó que, de acuerdo con las estimaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), el nuevo aeropuerto, a causa del coronavirus, tendrá una reducción de 1,149,000 pasajeros en los primeros 12 años de operación y, conforme al análisis financiero, “el proyecto requiere de un ingreso adicional a los establecidos en el contrato de por lo menos” $51,300,000, el cual tendría que desembolsar el Gobierno mediante “un proceso de arreglo directo”.Para Castellón, PIA “no esta solicitando” esa cantidad, pero sí “hacen un preámbulo antes de solicitar lo que corresponde en las cláusulas contractuales para resolución de controversia”.
“Sin embargo, este proceso no creo que se dé (...). Esa solicitud en este momento no es procedente”, puntualizó.
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Los aeropuertos:
villeda morales

toncontín

roatán

golosón
