A la Policía Nacional le llueve sobre mojado. Al escándalo por el crimen de dos universitarios, uno de ellos, hijo de la rectora Julieta Castellanos presuntamente asesinado por policías, se suma el desaparecimiento de al menos 300 fusiles automáticos ligeros (FAL) y 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros que estaban bajo la custodia del Comando de Operaciones Especiales, Cobras.
El supuesto extravío se descubrió a finales de agosto de este año, estando aún en sus cargos el ministro de Seguridad Óscar álvarez y el viceministro Armando Calidonio
Sin embargo el ex viceministro afirma que nunca fueron informados de esa situación irregular. “Debimos ser informados. Si lo hubieran hecho, Óscar Álvarez y yo hubiéramos puesto de inmediato acciones y correctivos conforme a la ley”, expresó Calidonio.
Pero la pérdida del arsenal fue confirmada por oficiales de la Policía que pidieron el anonimato por temor a represalias de colegas vinculados a supuestas acciones delictivas.
El Departamento de Logística de la Policía, más conocido como D-4, levantó un inventario en la bodega del escuadrón Cobras, ubicado a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre, y constató la desaparición de la gran cantidad de armas y municiones, así como de otros equipos.
El jefe de los Cobras del primero de abril de 2010 al primero de octubre de 2011, subcomisionado German Fernando Reyes Flores, asegura que tal como recibió los inventarios así se entregaron y que en su gestión no se detectó ninguna irregularidad.
El informe realizado por un suboficial fue entregado al director de la Policía, comisionado José Luis Muñoz Licona, quien se mostró sorprendido, según detalles proporcionados. Pero de haber existido, el informe nunca llegó a quienes dirigían la Secretaría de Seguridad en ese momento.
Se esfuman las armas
Cuando se detectó la pérdida de 300 fusiles FAL y 300,000 proyectiles, los oficiales consultados expresaron que semejante cantidad de armas y municiones no salieron en el baúl de carros turismo, sino que el saqueo debió efectuarse en contenedores o camiones
Para ingresar o salir de la instalación de los Cobras, las personas o los vehículos tienen que atravesar dos postas con presencia policial las 24 horas del día. “Y que nadie haya visto cuando salió el arsenal. Es sorprendente”, criticaron.
Otra fuente dentro del escuadrón Cobras aseguró que la pérdida de armas y equipo en esas instalaciones policiales es espantosa. “Es una suciedad terrible”, lamentó, tras mencionar nombres de oficiales y clases supuestamente involucrados en el robo y tráfico de armas. A su criterio, con la cantidad de armas perdidas bien se puede armar la mitad de un batallón, un grupo subversivo, o varias bandas de criminales y narcotraficantes.
Confirman pérdida
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, así como autoridades policiales, confirmaron la pérdida o robo de 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros y 300 fusiles FAL de las instalaciones del escuadrón Cobras.
Custodio lamentó que no se les haya deducido responsabilidad penal ni administrativa a los responsables de los robos de estas armas.
Asimismo, pidió explicación del porqué después de casi cuatro años no se han encontrado ni enjuiciado a los involucrados en la pérdida de las 186 armas. El comisionado pidió al Gobierno una intervención rápida de la institución policial.
“Hay que rescatar a la Policía de los malos policías, de los malos mandos policiales porque les hemos dado la licencia completa, ellos como que fueran los dueños del país, matan y dejan en libertad a los supuestos culpables, extorsionan y trafican con armas”, dijo el defensor.
Estarían en el Aguán
El comandante del batallón Xatruch II, Julio Eduardo Espinal, no descartó que parte de las armas que se robaron del Escuadrón Cobras estén en la zona del Bajo Aguán, en poder de personas que roban frutas, y del mismo narcotráfico.
“No podríamos descartar eso porque incluso a algunos sectores de los grupos hasta ‘fales’ (fusiles FAL) les han visto. Pero tenemos que agarrarlos para poder constatar ese hecho”, dijo el responsable de la operación combinada Ejército-Policía que desde hace dos meses hace labores de vigilancia en la conflictiva zona del Aguán.
